No olvidar a El Choco

Pascal Beltrán del Río, Excélsior

 

“Un comandante y un agente de la Agencia Estatal de Investigaciones fueron asesinados al ser atacados a balazos por un comando armado ayer por la tarde en el cruce de las avenidas Tecnológico y Pedro Rosales de León.

“Los dos elementos estaban adscritos a la ciudad de Chihuahua y pertenecían a un grupo especial que se encarga de ejecutar órdenes de aprehensión en todo el estado, bajo las órdenes directas de la procuradora Patricia González Rodríguez, trascendió ayer en la Subprocuraduría General de Justicia del Estado…”

Así comienza la última nota publicada en las páginas de El Diario, de Ciudad Juárez, por el reportero Armando Rodríguez Carreón. La mañana que apareció esa noticia —apenas una estampa del clima aciago que ha padecido en los días recientes esa urbe fronteriza—, el periodista chihuahuense fue asesinado frente a su casa, en el fraccionamiento Los Nogales, cuando se disponía a conducir a sus hijas al colegio.

 

En mis conversaciones con colegas y funcionarios de procuración de justicia he insistido en que, como sociedad, no podemos admitir que este homicidio sufra la suerte de la gran mayoría de los asesinatos en este país: que el caso acabe archivado y nadie pague por su autoría material o intelectual.

 

Y no se trata de soslayar la importancia del resto de las miles de muertes que se registran cada año, desde hace un lustro, como resultado de las acciones de la delincuencia organizada, menos aún la de los cientos de civiles fallecidos en la conflagración. Si pudiéramos lograr en este país que todos o casi todos los asesinatos se resolvieran, seguramente no veríamos subir escandalosamente todos los días la cifra de ejecuciones.

 

Sin embargo, hay casos que logran movilizar a la nación a favor de sus mejores causas. Ahí está la reacción social que provocó el secuestro y el asesinato del joven Fernando Martí: un llamado a cuentas que los ciudadanos hicieron a las autoridades en las que se deposita el deber de cuidar la seguridad de todos, cuyo plazo de 100 días se vence el próximo sábado 29.

 

El doloroso asesinato de Armando Rodríguez representa la oportunidad de escalar otro peldaño en la exigencia ciudadana de vivir en un Estado de derecho, con oportunidades y derechos para todos.

 

El Choco, como le decían, era un reportero de verdad, de los buenos. Era el más experimentado de los periodistas de la fuente policiaca de Ciudad Juárez. No tuve oportunidad de conocerlo, pero baso mi opinión en lo que he podido conversar desde el jueves pasado con personas que trabajaron con él, gente a la que estimo y respeto profesionalmente.

 

Por la naturaleza de su labor, Armando había sido amenazado en muchas ocasiones. El crimen organizado se siente mejor en la sombra. A veces recurre a los medios para lograr sus objetivos, pero no le gusta que haya reporteros husmeando alrededor de lo que hace.

 

Entre los servicios que el reportero hizo a su profesión y a la sociedad fue detectar que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez formaban parte de un patrón y no de la casualidad. Antes de que se hablara de feminicidios, Armando llevaba la cuenta de las muertas, cuyas causas ayudó a desentrañar mediante su trabajo periodístico.

 

Buen observador, como debe ser todo reportero, llegó a tener el ojo de un experimentado forense. Cuando se descubría un cuerpo en el desierto, podía saber cuánto tiempo había pasado desde el asesinato. Ninguna nota vale más que una vida, pensaba Armando. Se lo decía a sus compañeros, a quienes alertaba sobre los riesgos de mencionar a algún personaje que podría reaccionar violentamente al ver su nombre publicado en el periódico. Ante la curiosidad extrema de sus colegas decía con sencillez: “Eso no te cuento, porque te comprometo”.

 

En marzo pasado, El Choco recibió una amenaza fuera de lo común. Enteró de la situación a sus jefes y pidió un periodo vacacional que aprovechó para hacerse una operación quirúrgica en la espalda. Me dicen que la Procuraduría local conoció la naturaleza de la advertencia.

 

Cuando Armando volvió a la redacción, sus compañeros lo notaron transformado. Había dominado el estrés. “Ya no me voy a andar escondiendo; lo que tenga que pasar, pasará”, afirmaba.

 

No sé si era lo que tenía que pasar, pero pasó. El jueves 13, un desconocido lo acribilló cuando estaba a bordo de su Tsuru color blanco, en presencia de su hija Jimena, de ocho años de edad.

 

Para los periodistas de El Diario, el asesinato de su compañero fue la materialización dolorosa de una terrible realidad. Durante los últimos meses han visto restringirse las posibilidades de hacer un periodismo libre y significativo, ante las repetidas amenazas del crimen organizado y la falta de comprensión de las autoridades encargadas de combatirlo.

 

“No se acerquen a los cadáveres”, han advertido voces anónimas en comentarios vertidos, descaradamente, por la frecuencia radial de la policía de Ciudad Juárez. La amenaza es para los socorristas, pero también para los reporteros. Aparentemente los sicarios quieren agenciarse un margen para rematar a los blancos que no mueran en los atentados.

 

“Ustedes defienden a (el cártel de) La Línea” han acusado, sin fundamento, los responsables de los operativos policiacos y militares contra el crimen organizado. El objetivo de esas insidias han sido los periodistas que sólo cumplen su función de señalar a las autoridades que violan los derechos humanos en nombre de la procuración de justicia.

 

Quienes mataron a Armando no aprecian la función del periodismo independiente de tomar distancia con respecto a las autoridades y los narcos y ofrecer a la ciudadanía información desprejuiciada sobre la guerra que sostienen unos y otros.

 

Ahora nos toca a los periodistas, y a los ciudadanos en general, velar por que ese derecho de estar informado siga existiendo. Y eso pasa, necesariamente, por esclarecer el asesinato de Armando Rodríguezy por garantizar que los periodistas de Ciudad Juárez puedan trabajar libremente y sin amenazas.