Por José Reveles, publicado en El Financiero
Un análisis puntual de los 244 ataques a la libertad de expresión reportados en 2009 (incluidos 11 asesinatos de periodistas), confirma que hay una falacia manejada oficialmente acerca de que los perpetradores pertenecen al narco y a la delincuencia organizada.
En efecto, 65.67 por ciento de los ataques provinieron de funcionarios públicos y 7.79 de miembros o simpatizantes de partidos políticos (73.46 por ciento del total), mientras que al crimen organizado solamente pudieron acreditarse 6.15 de las agresiones.
En un extenso reporte llamado Entre la violencia y la indiferencia / Informe de agresiones contra la libertad de expresión en México 2009, la oficina para nuestro país y Centroamérica de Artículo 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) concluyen que en Chihuahua la mitad de las agresiones fueron cometidas por efectivos militares.
Los estados en donde más periodistas y medios fueron agredidos fueron Oaxaca, Veracruz y Chihuahua. Aunque por grados de violencia se ubica en primeros lugares a Durango, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo.
Además de que hay un incremento alarmante del número de ataques con respecto a los años precedentes y de que en este ambiente “se degradan de manera preocupante las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa”, la respuesta del Estado frente a esta terrible problemática “es insuficiente y carente de voluntad política”.
Nulos resultados
Hay nulos resultados de una Fiscalía Especializada para Atender Delitos contra Periodistas (FEADP), dentro de la PGR. En el Legislativo no se termina de legislar sobre la federalización de los delitos contra periodistas y la comisión de seguimiento del tema es fecha que no tiene integrantes y menos un plan de trabajo.
Está pendiente la despenalización de los llamados delitos contra el honor que persisten en 17 estados de la República y que representan una espada de Damocles contra analistas e informadores, por la lluvia de demandas. El aparato de justicia se utilizó “como medio de coerción e intimidación” contra periodistas al menos en cinco ocasiones.
Artículo 19 y Cencos proponen la creación de un “comité de protección a periodistas” como mecanismo efectivo para proteger a quienes están en peligro inminente o han sido amenazados e intimidados. Para ello esperan hallar colaboración de los propios dueños de los medios de prensa, radio, televisión e Internet.
Ésta es la numeralia dada a conocer en el informe:
-Se registraron 47 casos de amenazas, en su mayor parte (70 por ciento) debido a los contenidos publicados.
-Hubo 23 detenciones, además de 47 actos de intimidación y presión que fueron desde despidos injustificados, impedimentos a la labor informativa (como negación de acceso a eventos públicos).
-Se contabilizaron 109 agresiones físicas o materiales (acciones mediante las cuales el periodista recibe algún daño corporal, se daña su equipo de trabajo o se ataca a las instalaciones de los medios), más de la mitad de las cuales se dieron en contra de reporteros durante el ejercicio de sus tareas profesionales.
