Por Pablo Hiriart, publicado en La Razón
El lunes, después de un acto público en Saltillo, reporteros coahuilenses quisieron entrevistar a la estrella del evento, la profesora Elba Esther Gordillo, y se encontraron con que los escoltas del gobernador Moreira, armados, les impidieron el paso.
Hasta ahora no ha habido protestas de periodistas y medios de comunicación por el inadmisible amago de las armas para defender a la maestra Gordillo de unas cuantas preguntas que, como podrá suponerse, muchos comunicadores le quieren hacer.
Cuando hace un par de años un escolta de la cantante Lucero sacó su arma para frenar a los reporteros de espectáculos que iban a entrevistarla, los informadores de la farándula tuvieron el valor de unirse y protestar en serio contra esa agresión.
Pero la acción del lunes en Saltillo se ha dejado pasar como si fuera algo natural.
Aunque los hechos se den en ese extravagante califato que ha florecido en el norte del país, donde todo puede suceder, no puede soslayarse ni callarse que a los periodistas se les agrede, fundamentalmente, desde el poder.
Así lo dicen informes de las organizaciones Article 19 y Cencos, en los que se apunta que en 2009 se registraron 244 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, de las cuales el 65 por ciento provino de parte de funcionarios públicos (El Universal 10-2-2010).
La semana anterior dos enviados de Milenio a Tamaulipas fueron levantados por grupos de narcos y los regresaron en el primer vuelo al Distrito Federal. Según comentó el Director Adjunto de ese diario, Ciro Gómez Leyva, los reporteros fueron sacados del estado con la advertencia de “no calentar la plaza” con historias y reportajes.
¿Por orden de quién? Por orden de grupos de narcotraficantes que no quieren testigos para sus ajustes de cuentas.
En medio de este panorama, el gobierno federal se ufana de que en México hay una amplia libertad de expresión: “como nunca”. Pues no. No es así.
Si el gobierno cree que la prueba de libertad de expresión es criticar al Presidente sin recibir represalias, se equivoca. O se ha quedado un par de décadas atrasado.
El gobierno no sólo tiene la obligación de dejar hablar y escribir, sino también de garantizar la seguridad de quienes lo hacen.
En algunos estados de la república los narcos controlan la expresión con amenazas y agresiones consumadas.
Y en Coahuila son los propios guaruras del gobernador los que impiden a los reporteros entrevistar a Elba Esther Gordillo.
Los periodistas aceptamos eso y más.
Aceptamos la ridiculez de que secretarios de Estado y funcionarios menores citen a conferencias de prensa en las que se prohíben preguntas.
Hay que decir basta. ¿Cómo? Para empezar, no cubriendo las ruedas de prensa en las que no se acepten preguntas. Es una idea. Debe haber más.
phl@razon.com.mx
