Por José Reveles y Arturo Estrada, publicado en El Financiero
No puede intervenir si el caso proviene del crimen organizado; ayer, otro asesinato.
El mismo día en que fue asesinado el periodista Hugo David Olivera Cartas, en Apatzingán, Michoacán, la Fiscalía de delitos contra periodistas, existente desde el 15 de febrero de 2006, cambió de nombre: es, desde ayer, Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.
Igual cambió de adscripción, pues ya no dependerá del Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, sino directamente del titular de la Procuraduría General de la República.
Se determina en un acuerdo publicado en el Diario Oficial que se le dotará de recursos adicionales, estructura e instrumentos operativos “necesarios y suficientes” en términos de la disponibilidad presupuestaria de la PGR y que “podrá ejercer la facultad de atracción” federal de delitos del orden común.
Empero, cuando se acredite que los perpetradores de algún delito contra la libertad de expresión están asociados a la delincuencia organizada, la nueva Fiscalía deberá remitir sus actuaciones a la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada).
En esta remisión de las investigaciones a la SIEDO no hubo cambio alguno, lo que continuará obstaculizando la información del avance de las pesquisas a familiares de las víctimas, a los propios periodistas y a las organizaciones defensoras de sus derechos, como ha ocurrido en los últimos años, señaló Reporteros Sin Fronteras.
Firmado por el procurador Arturo Chávez Chávez, el acuerdo considera que “persiste la demanda sentida y reiterada por parte de la sociedad, relativa a mejorar y fortalecer las acciones de gobierno que garanticen la integridad física y moral de quienes desarrollan en México una actividad periodística o de información, a fin de estar éstos en posibilidades de realizar esa función fundamental”.
La vieja fiscalía deberá transferir a la nueva “recursos humanos, materiales y financieros”, que por cierto han sido magros y por ello carece de resultados relevantes en sus cuatro años y medio de existencia.
En este contexto, ayer aparecía en Apatzingán, Michoacán, el cadáver del corresponsal de La Voz de Michoacán Hugo David Olivera Cartas, editor de El Día de Michoacán y también trabajador de la agencia Quadratín, quien manejaba su propia agencia de noticias, ADN.
Con él son tres los periodistas victimados en el término de una semana (para llegar a 65 de 2000 a la fecha, además de una docena de informadores desaparecidos), pues en Coyuca de Benítez, Guerrero, fueron acribillados los esposos Juan Francisco Rodríguez Ríos y María Elvira Hernández Galeana, el 30 de junio. Él era corresponsal de El Sol de Acapulco y del Diario Objetivo, de Chilpancingo. Ambos estaban en el cibercafé de su propiedad cuando dos individuos los victimaron a balazos.
Impunidad, el signo
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió ayer mismo “terminar con la impunidad, lograr la protección del ejercicio periodístico, que exista actuación eficaz de las autoridades procuradoras de justicia y se sancione a quienes actúen con dolo o negligencia”. Para desalentar la comisión de delitos contra la libertad de expresión, debe erradicarse la impunidad, reiteró.
Para la CNDH, el asesinato de Olivera Cartas confirma que la libertad de expresión en México pasa por una de las etapas más críticas de los años recientes.
Con este caso, se eleva a seis el número de periodistas asesinados en el presente año y a 65 del año 2000 a la fecha, de los que lleva registro la CNDH.
En su más reciente informe sobre la escalada de inseguridad pública y pesadez burocrática en México, Reporteros Sin Fronteras habló de “los entresijos de la impunidad” en el país y citó a numerosos entrevistados que descalificaron la labor de la FEADP (Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos contra Periodistas).
Aunque en julio de 2009 el fiscal Octavio Orellano Wiarco afirmaba haber abordado 298 casos de agresiones a periodistas, lo cierto es que atrajo 88 de ese universo, pero solamente “emprendió acciones penales para tres de ellos”.
Esto que señala Reporteros Sin Fronteras reviste la agravante de que para el universo de las agresiones a periodistas en México se emplearon si acaso una decena de agentes federales y unos cuantos agentes del Ministerio Público federal. “A la penuria de medios se añade una capacidad jurídica débil. La FEADP ya no es competente para intervenir cuando un caso proviene del crimen organizado (y entonces), la SIEDO hereda el expediente”.
Entre otros casos específicos, RSF cita el asesinato de Armando Rodríguez Carreón, de El Diario de Ciudad Juárez, victimado el 13 de noviembre de 2008 en esa ciudad fronteriza con Texas. El asunto “transita entre dos procuradurías, la estatal y la federal, y cada una aparentemente investiga el caso; mientras la primera anuncia que la identidad de los responsables está clara, la segunda asegura que no tiene avances. Ninguna aporta certeza de sus investigaciones y no hay ningún detenido”.
Para colmo, dos de los investigadores federales del caso fueron asesinados entre julio y agosto de 2009.
