Por Darío Ramírez y Ricardo González, publicado en El Universal
“Lamentablemente la represión e impunidad están presentes a lo largo de la historia de mi país”, es la advertencia de Bertha Oliva, coordinadora de COFADEH antes de hablar sobre Honduras. El 29 de junio de 2009 la noticia del derrocamiento del Presidente Manuel Zelaya captó la atención de la opinión pública a nivel internacional. Los golpes de estado en ese país no son necesariamente una novedad: 1963, 1973, 2002. El cúmulo de violaciones a derechos humanos y la condena que evidenció la existen división ideológica en la región, dio como resultado que la Asamblea General de la OEA suspendiera la membresía a Honduras. A pesar de la ausencia de condiciones, en noviembre hubo elecciones, el gobierno de facto entregó en enero siguiente el poder al candidato ganador, Porfirio Lobo. Para entonces la atención internacional en uno de los países más pobres de la región, se había disipado. No así, las violaciones a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
Para ARTÍCULO19, la violencia en contra de periodistas y opositores en lo que va del gobierno del Presidente Lobo, es prueba inequívoca del deterioro en el ejerció de las libertades fundamentales en el país durante su mandato. Son 9 periodistas y 10 miembros del FNRP asesinados que contrastan con los llamados oficiales a la reconciliación. La falta de voluntad política queda al descubierto, por ejemplo, al descartar de antemano la posibilidad de que los homicidios de periodistas hayan estado vinculados a las actividades, como sucedió recientemente con el caso del comentarista radiofónico Israel Zelaya “Chacatay” de San Pedro Sula. O al absolver a los mandos militares responsables del cierre de medios de comunicación luego del golpe.
El asesinato de Nahum Palacios el 14 de marzo cuando viaja con su esposa en su automóvil es muestra del nivel de vulnerabilidad del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. El se desempeñó como director de noticias de la Televisora del Aguan (Canal 5), era conocido por su apoyo al presidente Zelaya. ARTÍCULO19 recogió su testimonio sobre la confiscación de equipo y acoso a manos del ejercito. Un día del atentado, Nahum mostró durante su programa los mensajes de texto que había recibido con amenazas de muerte. La Comisión IDH había solicitado al Estado medidas cautelares para salvaguardar su seguridad. El caso permanece impune.
Todos estos casos tienen como escenario una sociedad que permanece polarizada, en gran medida gracias a los medios de comunicación. Lo cual se agrava por la incapacidad del gobierno para garantizar la expresión del disenso y el derecho a la manifestación, elementos indispensables en cualquier democracia y para el respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, la represión violenta de las protestas campesinas luego de que el presidente Lobo incumpliera un acuerdo para dar solución a un conflicto agrario con los empresarios Miguel Facussé, Rene Morales y Reinaldo Canales en el mes de junio en la zona del Río Aguán. Así como el actual acoso a la comunidad de Zacate Grande por razones similares.
Tan sólo la semana pasada, luego de que el miércoles se rompieran las negociaciones entre el gobierno y el magisterio para levantar la huelga declarada el pasado abril, el gobierno intentó desalojar las instalaciones de la Universidad Pedagógica y otros puntos en donde permanecían en platón. El pasado viernes, ARTÍCULO19 pudo constatar los abuso parte de la Policía Nacional y el Ejercito cuando los contingentes de manifestantes intentaban llegar a la Casa Presidencial. El uso de gas pimienta fue excesivo y sin una advertencia previa, no hubo una utilización gradual de la fuerza. Los efectivos militares impidieron grabar a las personas detenidas cuando estaban siendo trasladas, y exigieron de manera reiterada acreditar la nacionalidad del personal de nuestra organización a pesar de haberse identificado como defensor de derechos humanos. El número de personas lesionadas y arrestadas no pudo ser precisado por las organizaciones nacionales de derechos humanos. Este lunes el gobierno anunció que el Magisterio finalmente había aceptado un acuerdo que da fin conflicto laboral.
En este contexto hablar de reconciliación nacional y normalidad democrática resulta imposible. No existen condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos humanos. Apoyar el regreso de Honduras a la OEA ignorando esta situación, promoverá la impunidad en los casos de violaciones a derechos humanos que han tenido lugar desde 29 junio de 2009. El ambiente represivo en contra de opositores quedaría consolidado y con ello, se cancelaría cualquier oportunidad de reconciliación y avance democrático.
No olvidemos que una gran parte de la oposición son grupos tradicionalmente excluidos de la vida pública.
Toda solución duradera en Honduras pasará irremediablemente por el respeto, reconocimiento y protección de las voces discordantes. No se requieren más discursos ni promesas por parte del Presidente Porfirio Lobo, sino acciones concretas. Sin libre expresión no hay reconciliación posible.
