Acuerdo entre medios: ¿Cómo informar sobre la violencia en México?


portada OMCIM Acuerdo medios

Presentación

El jueves 24 de marzo de 2011 más de 700 medios de comunicación de todo el país firmaron un Acuerdo para la Cobertura Informativo de la Violencia.  Su objetivo explícito era tener un marco de referencia común que permita garantizar la libertad de expresión en un entorno de criminalidad  y violencia como el que se da en México.

El Observatorio de Medios de la Universidad Iberoamericana convocó a algunos académicos a reflexionar sobre el tema. A continuación se presenta el resultado de este ejercicio. Una versión resumida se publicó en el periódico Excélsior.

Regina Santiago  (Universidad Iberoamericana, México)  plantea que hoy México no tiene una comunicación responsable, a la altura de las necesidades de la sociedad. Subraya que urge transparentar los criterios editoriales para la cobertura de la violencia.; urge transparentar los criterios de acción de los organismos no gubernamentales; urge transparentar las políticas de comunicación de las empresas públicas y privadas; urge fomentar la participación de audiencias críticas y retomar sus inquietudes y recomendaciones.

Mauricio Meschoulam (Universidad Iberoamericana, México) pone el acento que el acuerdo es un primer paso pero muy importante en e reconocimiento de los efectos psicosociales del terrorismo. Reconocer la existencia del fenómeno permite sugerir estrategias para atenuar su impacto.

Manuel de Santiago (Universidad Complutense, España) señala que transparentar los criterios editoriales no es criticable per se, pero conviene analizar la forma y el fondo. Se pregunta si estamos frente a un acuerdo de medios y periodistas o sólo de medios. Advierte que habría que precisar cómo se protegerán los derechos de las víctimas y cómo se protegerá a los periodistas. Critica el intento de algunos legisladores del PRI de dar carácter legal al pacto de los medios (que actualmente tiene carácter de autorregulación).

Esteban Illades (ITAM) analiza puntos específicos del acuerdo, desde la óptica del derecho.

Abril, 2011.

Acuerdo contra la violencia: Un periodismo del lado de la sociedad

Por Regina Santiago Núñez, especial para OMCIM.[i]

“A mi sobrino lo mató una ráfaga de metralleta disparada contra un grupo de personas con el que  coincidió al salir de un salón de fiestas. Lo volvieron a matar los diarios con su manejo informativo carente de respeto hacia las víctimas, hacia sus familiares y hacia la vida misma”. Las palabras de mi amiga fueron un nuevo dardo en la conciencia. Desafortunadamente, no era la primera vez que escuchaba una reflexión en ese sentido.

El lunes 23 de agosto de 2010 decidí analizar con mis alumnos las portadas del periódico El Gráfico (vinculado a El Universal) y de Metro (vinculado a Reforma). Ambas llevaban fotografías de hombres decapitados y colgados en Morelos. Cuando planteé el ejercicio, una alumna me dijo: “Entiendo lo que buscas, pero yo no puedo participar. Hace algunos años encontré en este tipo de publicaciones las fotografías de un amigo mío. Desde entonces me enferman y no las puedo ni quiero ver”.

Aquel lunes negro, comprendí el dolor de la alumna y respeté su decisión; y comprendí que actualmente es el dolor de muchos mexicanos… como fue también el dolor de los académicos colombianos que promovieron el Acuerdo sobre la Discreción bajo el lema: “Más vale perder una noticia que perder una vida”. De las experiencias internacionales que en 2005 estudiamos para la creación del Observatorio Ciudadano de Medios de la Universidad Iberoamericana (OMCIM), esa fue una de las que más me impactaron.

El documento guía para el observatorio de medios de Colombia estaba fechado a finales de 1999 y el académico Germán Ortiz Leiva defendía la pertinencia del Acuerdo para la Discreción con un diagnóstico preocupante: La sociedad colombiana percibía a los medios como parte del problema de violencia que asolaba al país, pues los consideraba cajas de resonancia de los mensajes de los criminales. La información de los medios colombianos no reflejaba el punto de vista de una sociedad dolida y temerosa, sino la perspectiva de quienes competían por el poder enviando mensajes de terror en un afán de control social. Era en ese contexto que los académicos habían convocado a una reflexión que, sin cancelar las libertades garantizadas por la Constitución, buscaba redefinir el rumbo de la cobertura de la violencia. Se trataba de recuperar al periodismo para que se le percibiera nuevamente del lado de la sociedad.

En diciembre de 2005, cuando se creó el OMCIM, la violencia en México iba en ascenso pero faltaba todavía para que tuviera los alcances de 2010 y de este 2011. Aquel lunes 23 de agosto les llevé a mis alumnos las fotografías publicadas por  El Gráfico y Metro, acompañadas de un documento publicado en OMCIM. Era el registro de un debate en Twitter que tuvo lugar la noche anterior. Fabiola Guarneros (subdirectora editorial de Excelsior) había escrito en su espacio de Twitter: “Esta es la parte que duele en mi oficio. Ver las imágenes que llegan de los colgados y decapitados en Morelos, son excesivamente crueles”. Carlos Vargas: @lolomexo, le preguntó: “¿Van a publicar las imágenes?” Fabiola respondió: No.  Le escribí entonces a Fabiola: “Para #audienciascriticas, ¿nos recuerdas por favor por qué no lo hacen?”.  Comenzó entonces un intenso debate entre Fabiola, otros periodistas, otros académicos y público en general, sobre la pertinencia o no de publicar las fotografías y, sobre todo, los mensajes que suelen acompañarlas.

Tras leer el registro que hizo OMCIM de ese intercambio de ideas sobre los criterios editoriales de los medios, mis alumnos del Laboratorio de Comunicación Periodística discutieron el documento y publicaron sus reflexiones en el blog de OMCIM. Luego me pidieron que invitara a Fabiola a la clase para preguntarle más sobre los dilemas que enfrentan los editores al decidir no sólo qué publicar, sino también cómo publicar la información sobre violencia. (El documento se puede consultar en OMCIM: http://bit.ly/br4TNF).

Con Pascal Beltrán del Río (director editorial de Excélsior) los académicos de OMCIM hemos intercambiado puntos de vista respecto al Blog del Narco y por qué Excélsior, a diferencia de otros medios , no considera que ese espacio deba ser tratado como fuente de información.

El 2 de abril de 2010, OMCIM convocó a Héctor Aguilar Camín a un debate en Twitter para que confrontara puntos de vista con el público de Twitter respecto a su polémica serie de artículos sobre la cobertura periodística de hechos violentos: ¿Quién miente, las estadísticas o los medios? (El documento se puede consultar en OMCIM:  http://bit.ly/bZQxSv)

El viernes 19 de noviembre, OMCIM promovió un intercambio de reflexiones con el subsecretario de Medios de Segob, Héctor Villarreal, sobre la comunicación responsable en todos los ámbitos, pero especialmente en el de la cobertura de hechos violentos. (El documento se puede consultar en OMCIM: http://bit.ly/d4Nvdb).

Vaya este recuento de algunas experiencias para refutar a quienes critican el acuerdo firmado el 24 de marzo de 2011, aduciendo que es un proyecto del gobierno y de Televisa en el que nadie más ha participado. Aquí está documentado parte del trabajo que realizó OMCIM al actuar como enlace entre alumnos de periodismo, académicos, periodistas y funcionarios.

Como en aquellos difíciles tiempos en que los académicos colombianos promovieron su Acuerdo para la Discreción, hoy México no tiene una comunicación responsable, a la altura de las necesidades de la sociedad. Urge transparentar los criterios editoriales para la cobertura de la violencia. Urge transparentar las políticas de comunicación de las empresas públicas y privadas. Urge transparentar los criterios de acción de los organismos no gubernamentales. Urge fomentar la participación de audiencias críticas y retomar sus inquietudes y recomendaciones. Si medios como Reforma, Proceso, La Jornada y MVS no están dispuestos a firmar el acuerdo porque desconfían de los otros firmantes, deberán entonces transparentar por su cuenta los criterios para la cobertura de la violencia y deberán asumir un compromiso con sus audiencias. No se trata de firmar o no firmar papeles. No se trata de tomarse la foto o aparecer en un promocional. Se trata de asumir compromisos y cumplirlos. Esa reflexión que deberá llevar a la acción, se la debemos a las víctimas de la violencia criminal, a los familiares y a los amigos. El periodismo debe  de estar del lado de la sociedad.

[i] Regina Santiago Núñez es académica del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Correo: rsantiagmx@yahoo.com.mx

Acuerdo de medios: Terrorismo definido

Por Mauricio Meschoulam[i], especial para OMCIM.

En México hay terrorismo no porque lo diga Clinton, Televisa o TV Azteca. Hay terrorismo porque resulta una estrategia altamente eficaz para cumplir con determinados objetivos. Para la academia, las manifestaciones ocurren en una realidad social de manera independiente al hecho de que ciertos actores decidan emplear el discurso para cumplir con sus intereses. Siempre es válido poner en cuestión el lenguaje, pero sacar la conclusión, sin examen, de que el fenómeno es inexistente debido a quien lo emplea, resulta problemático para con toda esa amplia población que padece sus efectos psicosociales.

“Por un pacto ético frente al terrorismo” se titulaba el artículo que Federico Reyes Heroles publicó en la edición de agosto de 2010 en  Este País. Si se lee su propuesta se verá que ahí se esbozaban ya las nociones principales que constituyen el Acuerdo de Medios para la Cobertura de la Violencia. El mayor problema del texto de Reyes Heroles es que utiliza el término de terrorismo de manera indiscriminada usando una definición de la Real Academia, en lugar de la literatura especializada. Determinar si un suceso violento es terrorista o no, tiene muy poco de glamour o de presunción académica y mucho más de pragmatismo: nos permite sugerir estrategias para atenuar su impacto.

Retomamos por tanto la literatura más reciente sobre el fenómeno: El terrorismo es una categoría específica de la violencia que se caracteriza por su uso psicológico. Las víctimas del acto violento no son el target central del ataque, sino un instrumento para poder transmitir un mensaje a otra población (Bongar et al., 2007). El campo de batalla no es en este caso el material, sino el de la psique colectiva.

Estudiar el terrorismo sólo desde los ámbitos de la ciencia política, o el de la estrategia militar, sin considerar los de la psicología social y la psicología de la comunicación, es superfluo e incompleto. La violencia se comete en una especie de escenario en donde se efectúa el acto para alcanzar una amplia audiencia que pueda atestiguarlo. La transmisión del pánico se consigue a través de hacer que una mayor cantidad de gente tenga contacto no con los hechos, sino con la narrativa de los mismos. La percepción por parte de quienes no fueron testigos presenciales de los sucesos acerca de esta clase de incidentes es siempre por lo tanto mediada. Los estudios muestran que al narrar los “hechos”, el cronista como sujeto que es, está siendo también afectado psicológicamente por los eventos que narra (www.dartcenter.org). No solo entonces no es capaz de transmitir una “realidad tal cuál es”, sino que se convierte en reproductor de los propios síntomas de trauma psicológico (aún si son leves) que padece. Cuando la narrativa (a través de texto o imágenes) llega a las audiencias, se detonan mecanismos que operan por debajo del nivel de consciencia de las mismas. La sociedad es entonces afectada en su capacidad de valorar estos sucesos violentos de manera racional. Esto no es una opinión, se trata de manifestaciones demostradas por estudios efectuados desde hace por lo menos dos décadas en contextos de terrorismo y violencia (Beutler et al., 2007; Nacos, 2010).

El objetivo de hacerlo de esta manera es influir en las conductas de los receptores del mensaje a través de impactar en sus opiniones, actitudes y comportamientos para conseguir algún beneficio político o de otra índole.

Por consiguiente hay dos fenómenos y dos tipos de víctimas. Uno es el acto violento en sí mismo que arroja las víctimas directas del suceso. El segundo es el fenómeno de la narrativa del incidente, reproducido por gente de boca en boca, por medios de comunicación tradicionales, y no tradicionales. A través de ellos una mucha más amplia gama de población hace contacto con la historia del suceso y la manifestación de estrés colectivo comienza a gestarse entre círculos cada vez más alejados de los eventos, ahora víctimas de trauma secundario. En este contexto, el empleo de los medios de comunicación no solo es instrumental sino crucial para los objetos del ataque violento.

En efecto, no todo lo que sucede en México puede ser catalogado como terrorismo. Muchas veces el target del mensaje es simplemente otra banda criminal, o las fuerzas de seguridad. Sin embargo, para la sociedad psicológicamente alterada por estos incidentes, es irrelevante saber si el mensaje era específicamente dirigido a otros carteles, a la policía, o a la población en general. Hay un acto violento, hay un escenario, hay una amplia audiencia, y hay medios de comunicación que lo transmiten.

Esa es la naturaleza del fenómeno que estamos viviendo. Y los medios, me temo, juegan un rol primordial.  En los países en los que estos temas han sido discutidos se ha concluido que ninguna de las soluciones implica dejar de informar lo que pasa, ni siquiera meter la información a planas interiores en los diarios. Ocultar los datos sólo genera vacíos que son llenados con rumores.

El reto según se discute en la literatura (Pries-Shimishi, 2005) es aprender a usar nuestra imaginación para poder cumplir con los requisitos de proporcionar información que sea a la vez periodísticamente valiosa, útil para esa sociedad a la que se sirve, veraz, oportuna, contextualizada, éticamente responsable, de-centrando la agenda cuando ello es viable, y sometiendo nuestro propio discurso a revisión y escrutinio, siempre en un marco del mayor apego a la libertad de expresión. Si el acuerdo para la cobertura de la violencia ayuda a fomentar dichas condiciones, es bienvenido. Pero aún si se descartara, ello no implicaría que los fenómenos de terrorismo y sus consecuentes efectos psicosociales vayan a desaparecer por arte de magia.

[i] Mauricio Meschoulam es académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.

La cobertura de la violencia: El acuerdo de Iniciativa México

Manuel de Santiago Freda, especial para OMCIM[1]

En los últimos años, la discusión sobre la manera en que periodistas y medios mexicanos deben consignar lo relativo al combate del gobierno federal al crimen organizado ha polarizado a periodistas y demás actores sociales. Así ha sucedido con el anuncio de un grupo de medios convocados por Iniciativa México, proyecto impulsado por Televisa y Tv Azteca, sobre la adopción de un acuerdo para la cobertura informativa de la violencia.

En un texto publicado el año pasado dimos cuenta de las dos posiciones dominantes sobre el particular, y advertimos lo complejo de producir un arreglo similar al colombiano de 1999 (La cobertura de la violencia en México: lo que está en juego, Observatorio de Medios de la Universidad Iberoamericana, 09/08/2010 http://bit.ly/ceKrT8). Señalamos que un acuerdo muy general corría el riesgo de ser difuso y uno excesivamente específico el de ser muy restrictivo. Igualmente planteamos que, de darse, era importante precisar si los promotores estaban legitimados para hacerlo, si las universidades o algún organismo de la sociedad vigilarían su cumplimiento y si se establecerían sanciones morales.

La decisión de algunos medios de transparentar sus criterios editoriales no es criticable per se, no obstante conviene analizar la forma y el fondo: por un lado están los convocantes y por el otro el acuerdo en sí mismo. Aunque no se pueden desvincular ambos aspectos, es necesario detenerse en cada uno de ellos, porque se puede estar en contra de uno o de ambos pero, al menos, la cordura obliga a la disección, so pena de ser injustos en el análisis.

Los convocantes

Enmarcar un pacto de estas características en el proyecto específico -y ampliamente criticado- de dos televisoras genera sospechas. Para que el acuerdo tuviera la legitimidad social buscada resultaba imprescindible eliminar cualquier atisbo de protagonismo y sumar el mayor número de voces, cosa que no ocurrió. Sobre todo porque sus principales promotores están inmersos en una disputa con Telmex por el mercado de las telecomunicaciones en el país. El convenio ha nacido en el seno de uno de los bandos en pugna y con la exclusión de los medios que, según el duopolio televisivo, representan los intereses del otro bando, amén de que quienes no participan han sostenido una posición más crítica de la estrategia del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada: La Jornada, MVS, Proceso, entre otros. Sin duda, el carácter protagónico de Televisa en Iniciativa México ha jugado en contra de su propuesta.

Los mecanismos de autorregulación y autocontrol de los medios, tales como los códigos deontológicos, las defensorías o los colegios de profesionales, son útiles siempre y cuando cumplan con la característica fundamental de toda actuación ética: la voluntad en condiciones de libertad. Es decir, que los encargados de traducir el decálogo en hechos concretos, los periodistas, estén convencidos del mecanismo que los regula. Es necesario preguntar, ¿se trata de un acuerdo de medios y periodistas o sólo de medios?, ¿fueron consultados los reporteros al respecto?

Pascual Serrano, en su libro Medios violentos. Palabras e imágenes para el odio y la guerra, señala que “los códigos de autorregulación para los periodistas suponen el abandono y desprecio de toda la comunidad ciudadana y de las instituciones democráticamente elegidas, puesto que deja a los directivos de los medios la absoluta competencia y autoridad para cumplir u obviar los principios de rigor, pluralidad, imparcialidad, respeto a las fuentes, acceso a los medios y derecho ciudadano a estar informado (Serrano, 2008: 173)”.

El acuerdo

El documento recoge una serie de consideraciones y diez puntos que los firmantes se comprometen a respetar. Entre ellos destacan: asumir una postura en contra de la violencia; no convertirse en su vocero involuntario; atribuir responsabilidades explícitamente; no prejuzgar culpables; cuidar a las víctimas y a los menores de edad; proteger a los periodistas y no interferir en el combate a la delincuencia.

Llama la atención el énfasis puesto en “la violencia que genera la delincuencia organizada”, como si ésta fuese producida exclusivamente por los grupos criminales. También se hace hincapié en el papel del gobierno federal en su combate. Dice el texto que puede debatirse la estrategia gubernamental, pero a partir “del reconocimiento de la obligación constitucional que tiene el gobierno de cumplir y hacer cumplir la ley”.

Este planteamiento -clásico de la teoría del Estado- parece minimizar las acciones que el gobierno lleva a cabo fuera del marco legal, como las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos más elementales, que han sido ampliamente documentadas por periodistas y organismos civiles nacionales e internacionales como una constante y no como casos puntuales. En el cuarto punto del acuerdo se menciona que “en caso” de que “alguna” acción del Estado en el combate a la delincuencia organizada “caiga en excesos, esté fuera de la ley o viole derechos humanos, siempre habrá que consignarla”. Es cierto que el Estado tiene el legítimo monopolio de la violencia, pero ello no quiere decir que toda la violencia que ejerce sea legítima. No se puede obviar que hay un conjunto de normas que regulan su uso.

Resulta positivo que se considere la protección a los derechos de las víctimas y los periodistas, aunque no se precisa mucho al respecto. A la mañana siguiente de la presentación del decálogo, Televisa Monterrey trasmitió en directo las imágenes del cadáver de su conductor José Luis Cerda, asesinado días antes, y dio cuenta del narcomensaje dejado. De hecho, en uno de los enlaces, cuando se había identificado plenamente al presentador a través de la televisión, el reportero mencionó que tenía que abandonar la escena porque un comando armado se dirigía hacia ella. Milenio, periódico firmante del acuerdo, publicó una nota en que se refirió a Cerda como víctima de un “levantón”, palabra que forma parte del léxico utilizado por el crimen organizado. En este caso concreto, ¿qué acciones ha emprendido Televisa para proteger a sus reporteros? El acuerdo recomienda no hacer reportajes en vivo desde las zonas más violentas.

En relación con las víctimas, ¿cómo debe entenderse la frase “nunca debe darse información que ponga en riesgo su identidad”? Poner nombre a las víctimas contribuye a dimensionar los efectos de la violencia, a saber que son personas de carne y hueso quienes la sufren. Por ejemplo, la defensora de los derechos humanos Marisela Escobedo o la familia Reyes Salazar.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ha considerado que los datos ofrecidos por las autoridades sobre las víctimas son insuficientes y ha instruido al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para que entregue información, no sólo sobre el número total de los muertos de 2000 a 2010, sino también el desglose por mes y entidad, “identificando si los fallecidos eran servidores públicos de este organismo, policías federales, elementos de la Agencia Federal de Investigación, elementos de la Policía Federal, militares, marinos, policías municipales y estatales, ciudadanos civiles y/o personas extranjeras (El Universal, 23/03/2011)”.

No se puede soslayar que los voceros del Ejecutivo no han sido capaces de transmitir a la población la certidumbre de que las decisiones tomadas siguen un plan de acción integral. En buena parte de los ciudadanos existe la percepción de que el Estado ha perdido el control de algunas zonas del país y que las acciones no obedecen a un plan bien trazado sino que son producto de la improvisación y la falta de pericia. También mucha gente cree que el gobierno oculta información sobre los operativos y sus resultados.

Una consecuencia de la cobertura informativa de los conflictos armados suele ser la repulsa social hacia éstos. Naief Yehya, en su libro Guerra y propaganda. Medios masivos y el mito bélico en Estados Unidos, señala que fue la cobertura periodística de la guerra de Vietnam la que provocó el rechazo social del conflicto. “El público logró desmantelar el mito de la guerra al ver dosis diarias de atrocidades, aun cuando las cadenas televisivas eran extraordinariamente cautelosas con lo que mostraban. […]

Para no cometer el mismo error, el Pentágono se aseguró de que las siguientes guerras estuvieran rodeadas de censura y sofisticados métodos de propaganda (Yehya, 2003: 55)”. Pese a que no estamos frente a una guerra como tal, el saldo en materia de vidas humanas es muy similar. ¿Hasta dónde el acuerdo procurará minimizar ese rechazo?, ¿hará renunciar al periodismo a su legítimo deber de incomodar al poder o a su vocación investigadora?

Por otra parte, ¿el acuerdo es exclusivo para la violencia dentro de las fronteras mexicanas o se extiende a la que sucede en otros países? Si se trata de dar una respuesta ética a la presentación de la violencia en los medios de comunicación no debería existir lo que el periodista Pascual Serrano llama “doble rasero”, que mantiene dentro de un mismo espacio coberturas éticamente contradictorias. También se anuncia la creación de un observatorio ciudadano que vigilará el cumplimiento del acuerdo, aunque se desconoce si ello implicará el establecimiento de sanciones morales, útiles en el fortalecimiento de las audiencias críticas.

El viernes 25 de marzo, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, el priísta Fernando Castro Trenti, reveló la intención de dar carácter legal al pacto de los medios. Preocupan estas declaraciones porque no es lo mismo un mecanismo de autocontrol, asumido voluntariamente y con una visión del quehacer periodístico, que trascender la garantía constitucional a la libertad de expresión e información para imponer un criterio monolítico a todos los informadores.

De ninguna manera se deben juridificar los instrumentos de autorregulación, dado que éstos implican posicionamientos ideológicos de grupos que no tienen por qué ser compartidos por la sociedad en su conjunto. Es deseable que el acuerdo logre, en palabras de Fernando Savater, “no aumentar la confusión sino aclarar los términos”, tarea que todavía parece lejana.

[1] Manuel de Santiago Freda es periodista e investigador de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), especializado en Derecho de la Información. Es director de la revista electrónica Derecom y secretario ejecutivo del grupo de investigación “Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación”, de la UCM. Correo electrónico: manuel@derecom.com

El “Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia”, una perspectiva legal

Esteban Illades, especial para OMCIM[i]

El 24 de marzo de este año, más de 700 medios de comunicación suscribieron un acuerdo que sentará bases comunes para la cobertura de violencia en nuestro país. Desde la óptica del Derecho, este acuerdo presenta algunos puntos que merecen reflexión.

De los 10 puntos, la mayoría toca, aunque sea de forma periférica, temas legales.

El número 2, se titula “No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada”. Este apartado exhorta a “abstenernos de usar inadecuadamente términos jurídicos que compliquen la comprensión de los procesos judiciales…”. Es importante que se separen dos cosas: el uso de los términos jurídicos en general, y su mal uso por otro lado. En materia de periodismo jurídico, lo importante es poder dar a conocer información complicada para el público común de forma sencilla sin distorsionar la información con su simplificación. Lo ideal es que se mantenga el uso de terminología jurídica para evitar la distorsión de la información, pero con una explicación conjunta de su significado. Para poder cumplir con los objetivos de este apartado debería proponerse la capacitación en Derecho de los reporteros que cubren temas de violencia.

Dentro de este mismo punto, también se llama a “impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos”. El uso de la expresión “presunto delincuente” choca claramente con el punto número 5, “No prejuzgar culpables”. De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, en México rige la presunción de inocencia. Al hablar de “presuntos delincuentes”, se está prejuzgando, pues se le da una carga negativa al inculpado. Entiéndase, es de inicio culpable y deberá mostrar su inocencia, al menos ante los medios de comunicación. Esto debe evitarse a toda costa.

El punto número 4 establece que los medios deben “atribuir responsabilidades explícitamente”. El acuerdo elabora que en los casos que “el Estado… esté fuera de la ley o viole derechos humanos, siempre habrá que consignarla [la acción que cause esto]”. Asimismo, “cuando la acción del Estado se realice dentro de la ley, debe quedar claro que la violencia es producto de los grupos criminales”. Este punto es, quizás, el más importante y controvertido de los 10. Al menos, en materia legal, fincar responsabilidades no es un proceso inmediato. Generalmente, dados los tiempos tanto del Poder judicial como de las Comisiones de Derechos Humanos, es difícil establecer responsabilidad -tanto del Estado como de los delincuentes- de forma inmediata. Lo ético y lo jurídicamente responsable, sería que los medios cubrieran la información -al momento- de la forma más imparcial posible, y se le diera un seguimiento a los hechos y a su investigación legal posterior para poder, de manera efectiva, atribuir las responsabilidades a los culpables.

Salvo la contradicción con el punto 2, el punto 5 -“no prejuzgar culpables”- establece un criterio adecuado para los reportajes en materia jurídica/judicial.

El punto 6, “cuidar a las víctimas y a los menores de edad” es algo que no sólo por ética, sino por ley, debe realizarse. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas y países como España tienen criterios sobre la revelación de identidad e imagen de los menores de edad.[1] Sería deseable que en México, a partir del punto 6, los medios de comunicación mexicanos suscribieran un Código en la materia, para establecer con claridad, las guías a seguir.

Los puntos 8 y 9 hablan de “proteger a los periodistas” y “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios”. La firma de este acuerdo debe ser base y debe empujar a los periodistas a exigir mayor regulación al Ejecutivo y al Legislativo. Actualmente existen los cimientos de un “Sistema de Alerta Temprana para Periodistas”, que no ha sido implementado.

También la “Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”. No obstante, a pesar de lo apremiante de la situación -vale la pena recordar que México ha sido catalogado por diversas organizaciones como el país más peligroso para ejercer la profesión de periodista-, el Estado se ha retrasado en la implementación de este sistema.

Los medios, junto con la sociedad civil, deberían utilizar el acuerdo para exigir mayor seguridad y ayuda por parte del Estado.

Independientemente del seguimiento que le den los más de 700 firmantes del acuerdo, creo que los puntos anteriores merecen ser discutidos por la sociedad en general.

[i] Esteban Illades es licenciado en Derecho por el ITAM con la tesis La cobertura periodística de los tribunales: una introducción al periodismo judicial.

[1] Ver, por ejemplo, el “Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia”, disponible en: http://www.tvinfancia.es/Textos/CodigoAutorregulacion/Codigo.htm, fecha de consulta: 28 de marzo de 2011.

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