Advierte NYT sobre abusos del Ejército


Por Randal C. Archibold (NYT News Service), publicado en Reforma

Los efectivos de la Marina irrumpieron de madrugada en su casa, tomaron a su hijo, de 27 años, y se lo llevaron a la fuerza, con una mirada de terror congelada en el rostro, contó María del Socorro Maldonado. El hombre sólo llevaba puestos unos shorts color naranja.

“Les pregunté si le podía dar algo de ropa, unas chanclas o una camisa, pero simplemente se lo llevaron”, externó la mujer, aún conmocionada al relatar la incursión en su hogar, cerca de Monterrey, el pasado 28 de junio.

No lo ha visto desde entonces.

Los marinos, utilizados cada vez más como parte de una estrategia militar para combatir a los cárteles del narcotráfico, aseguran que no tienen a su hijo, René Jasso Maldonado, mientras que la Policía local no deja de decirle a la familia que les pregunte a los marinos.

Los familiares de Jasso creen que levantó sospechas en las fuerzas federales debido a que es un chofer de taxi, y muchos de ellos son “halcones”, es decir vigías a sueldo de narcotraficantes para alertarlos de operativos o de la presencia de grupos rivales.

Pero sus familiares aseguran que René Jasso no estaba involucrado con el crimen organizado y han presentado denuncias ante todas las autoridades que se les ha ocurrido, incluso han enviado una carta al Presidente, a medida que enfrentan el vacío burocrático que, a decir de activistas de derechos humanos y organizaciones internacionales, es demasiado común.

El uso generalizado de efectivos militares para respaldar a la Policía local, que con frecuencia carece de la capacidad o disposición para enfrentar a los cárteles, ha resultado en la captura o la muerte de docenas de sospechosos.

Sin embargo, casos como el de Jasso, con su mezcla de desconfianza, temor y preguntas al aire, muestran el lado más oscuro de la estrategia anticrimen, afirman los grupos de derechos humanos.

Al igual que la Policía, los militares mexicanos han sido acusados de actuar con impunidad, al recibir el reproche de Estados Unidos, de organizaciones internacionales y de defensores de los derechos humanos.

El año pasado, Estados Unidos retuvo parte de su asistencia al combate a las drogas a raíz de preocupaciones por los abusos policiacos y militares, y, en abril, un panel de la Organización de las Naciones Unidas exhortó a México a considerar el repliegue de sus fuerzas armadas tras las quejas de “desapariciones involuntarias”.

Hasta 45 mil tropas han sido enviadas a varios estados de México para asistir, y a veces reemplazar, a las fuerzas civiles, la cifra más alta en áreas de alta densidad poblacional desde la Revolución Mexicana, apuntó David Shirk, investigador principal para el proyecto Justicia en México, en el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado más de 5 mil quejas de abusos a manos de las fuerzas armadas, principalmente del Ejército mexicano.

Además, señala la CNDH, hay más de 5 mil 300 personas desaparecidas desde que el Presidente Felipe Calderón inició su ofensiva contra el crimen organizado, en el 2006.

Bajo presión internacional para frenar la aplicación de torturas y las detenciones arbitrarias, Calderón propuso al Congreso, a fines del año pasado, que las acusaciones de violación, secuestro y tortura ejercidas por los militares sean ventiladas y juzgadas en tribunales civiles.

Los asesinatos quedaron excluidos, lo que dejó consternados a los defensores de derechos humanos, pero la iniciativa no ha avanzado.

Sin embargo, varios analistas cuestionaron si el sistema de justicia civil estaba preparado para recibir tales casos.

“Los tribunales civiles de México han resultado ser lamentablemente ineficaces”, aseveró Shirk.

“Si los infractores militares hallan el mismo grado de impunidad que vemos para otros actores criminales, entonces sus víctimas recibirán poca justicia y este fallo tendrá muy poco significado real”, agregó el especialista.

Para generar aún más confusión, los sicarios por lo común se disfrazan de policías o soldados, utilizando equipos falsos y, a veces, artículos auténticos robados o proporcionados por sus aliados en las dependencias.

Eso ha permitido que las autoridades desestimen muchas desapariciones, al indicar que se trata de la obra de “clones”.

Los marinos dijeron a la familia de Jasso que no habían estado operando en el área, y sugirieron que se pudo haber tratado de delincuentes con atuendos militares.

 

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