Nueva crónica de un discurso viejo y sin resultados


Por Darío Ramírez y Ricardo González, publicado en El Universal

Desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas (entonces FEADP) se hicieron numerosos señalamientos sobre la capacidades limitadas de la Fiscalía para investigar, es decir para hacer su trabajo. En 2006 fue el primer llamado. En 2011, la exigencia no ha cambiado.

El 9 de agosto pasado el Fiscal Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) compareció ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La reunión tuvo lugar “ante la creciente situación de inseguridad contra periodistas y la impunidad de los casos”. En fin, sin mucha esperanza de encontrar novedades interesantes, presenciamos el enésimo intento de justificar la escandalosa impunidad que impera en este tipo de casos.

El Fiscal habló sobre un diagnóstico institucional que realizó para conocer el estado que guardaba esa Fiscalía. Dentro de las conclusiones contundentes de su diagnóstico, la entonces FEADP había argumentado tener una capacidad limitada para investigar por falta de competencia y una debilidad administrativa, que entre otros que no permitieron alcanzar los objetivos. Nada nuevo en ese discurso exculpatorio, nada que no hayamos dicho las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales desde hace mucho tiempo.

El Fiscal narró las principales acciones que ha realizado desde que encabeza la FEADLE: sistematización de información de casos de homicidios y desapariciones de periodistas para generar productos estadísticos y de inteligencia criminal; fichas de búsqueda sobre 3 casos de periodistas desaparecidos (obligación que debieron cumplir sobre todos los casos); otorgamiento de medidas cautelares, algunas de las que no se han implementado de manera efectiva o que las autoridades estatales ha negado a instrumentar; diseño de un sistema de alerta temprana para generar protocolos de seguridad, que está relacionado con el mecanismo de protección a periodistas instaurado en el seno de la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, reconoció lo que en los últimos años hemos sostenido. La mayoría de las agresiones (amenazas, hostigamiento, entre otras) contra quienes ejercen el periodismo son cometidas por funcionarios públicos, contrario a lo afirmado por su antecesor y por el Presidente Felipe Calderón quienes han tratado de trasferir toda la responsabilidad (y culpa) a los grupos del crimen organizado. También señaló que las violaciones más graves a derechos humanos como lo son los asesinatos y desapariciones pueden estar relacionadas con la delincuencia organizada, un elemento que de manera reiterada ha sido señalado por organizaciones de la sociedad civil.

Pero, ¿debemos agradecer la información que ya se había analizado y hecho pública años atrás? ¿Debemos felicitar que nos ha provisto de información criminológica? Zapatero a tus zapatos. La exigencia ha sido será la misma para la Fiscalía: investigaciones efectivas. Aún después de su comparecencia las preguntas siguen ahí: cuántas y dónde están las consignaciones que lleven a los responsables de las agresiones a ser condenados. El Fiscal habló sobre investigación de conductas delictivas contra periodistas y de acciones penales ejercidas contra 40 personas, pero no respondió cuántas de éstas han sido exitosas para someter a los responsables a procesos judiciales.

El Fiscal mencionó 126 investigaciones iniciadas, pero una vez presentado el informe los legisladores confesaron que nos les quedó clara la situación de cada proceso. Ante la falta de información llana, llovieron las preguntas. ¿Cuántas averiguaciones previas se han integrado, cuáles son los resultados de las investigaciones? ¿Cuántas órdenes de aprehensión se han emitido y cuántas detenciones se han producido? ¿Cuántos casos han producido sanciones a los responsables? Y finalmente, ¿cuáles son los datos que demuestren que efectivamente están combatiendo la impunidad? La respuesta del Fiscal fue fulminante, “muy pocos” dijo.

La excusa de la FEADP era la falta de competencia para investigar, y al paso del tiempo, el Fiscal cayó en la misma justificación. Señaló que ahora la FEADLE investiga –no sabemos cuántos ni qué casos- pero que una vez integradas las investigaciones finalmente terminan en el orden local dando paso a la permanencia de la multicitada impunidad. Ante los argumentos, los legisladores negaron que el sistema de competencias en el país deba ser utilizado como repartidor de culpas. En ese punto en realidad la sesión era un duelo de titanes, la Fiscalía excusándose por la falta de aprobación de un marco jurídico adecuado y el Congreso llamando a cuentas cuando tampoco ha atendido las reformas legislativas necesarias de protección a quienes ejercen la actividad periodística. El Ejecutivo salió ileso por no estar presente, pero su responsabilidad está en la falta de emitir la reglamentación adecuada para la Fiscalía.

En esencia, nada ha cambiado desde la creación de la FEADP a la fecha. Los argumentos esgrimidos para justificar la impunidad, aunque más sofisticados (o rebuscados), siguen siendo los mismos; falta de competencia, necesidad de fortalecer estructuras administrativas, escasos recursos financieros e incluso argumentos sobre la falla estructural de origen de la PGR. De acuerdo con el Fiscal, dicha institución fue concebida a principios del siglo pasado con deficiencias estructurales que impiden atender los casos de asesinatos y desapariciones.

La esperada conclusión de la comparecencia: continuamos con un discurso sin resultados. 

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