SIP: crimen de periodista aumenta la autocensura


Por Nathalia Gómez Quintero, publicado en El Universal

La violencia contra los periodistas amenaza con acrecentar la autocensura en ciertas regiones del país, tras el asesinato de la trabajadora del diario Primera Hora en Nuevo Laredo, coincidieron organizaciones no gubernamentales quienes repudiaron el crimen y exigieron mejores condiciones de trabajo para la labor de informar.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo que el gobierno del presidente Felipe Calderón no tiene voluntad política para terminar con la violencia que enfrentan los periodistas en ese país, administrar justicia y garantizar la libertad de prensa.

La SIP emitió un comunicado de prensa después del hallazgo, el pasado sábado, del cuerpo descuartizado de la periodista María Elizabeth Macías Castro, de 39 años, a quien la Procuraduría de Justicia identificó como jefa de Redacción de Primera Hora.

El cadáver estaba decapitado y a su alrededor había un teclado de computadora, un mouse y un aparato reproductor de música.

“Es totalmente inaceptable que el gobierno no tenga la voluntad política necesaria para implementar las reformas” para que los crímenes contra periodistas sean tratados como delitos federales, dijo el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín.

Añadió que Calderón “incumplió sus promesas”, porque hace un año le aseguró a la SIP que redoblaría sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los periodistas e impulsar la reforma.

“La falta de acción y garantías ha generado una evidente cultura de autocensura que está carcomiendo a la actividad periodística y el derecho del público a ser informado”, expresó.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) condenó el asesinato de la informadora y pidió una investigación exhaustiva de este nuevo crimen para que no quede impune y debilite aún más el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.

“A pesar de que todavía falta realizar una investigación a fondo de los hechos, al parecer junto al cuerpo apareció un mensaje señalando que fue asesinada por miembros del crimen organizado en represalia por la información que la víctima había distribuido en redes sociales denunciando las actividades de los delincuentes en Nuevo Laredo. El mensaje es una clara amenaza a los usuarios de las redes sociales en las regiones de mayor violencia en México”, dijo AI.

Señalaron que el 14 de septiembre de este año, los cuerpos de otras dos personas fueron encontrados en Nuevo Laredo junto con un mensaje que también señalaba que habían sido asesinadas en represalia por denunciar en redes sociales las actividades de la delincuencia organizada en la ciudad.

“El hecho de que por lo menos ocho trabajadores de los medios de comunicación hayan sido asesinados este año, indica la grave vulnerabilidad de las personas que trabajan en los medios y la falta de impacto real de las medidas para prevenir y sancionar las agresiones en contra de periodistas”, denunciaron.

También el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) coincidió en que estos hechos merman la libertad de expresión no sólo de periodistas, sino de la sociedad en general.

“Mientras que los mexicanos crecientemente emplean la tecnología frente a la censura rampante, los cárteles usan la violencia para controlar la información en internet”, dijo Carlos Lauría, coordinador de CPJ para América Latina. “Esta ola de violencia sin precedentes está poniendo en peligro el derecho constitucional de los mexicanos a la libertad de expresión y al acceso a la información”, enfatizó.

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