‘Del crimen organizado, los ataques a la prensa’


Por Silvia Otero, publicado en El Universal

El gobierno mexicano sostuvo que las agresiones y riesgos que sufren los periodistas en México provienen en su mayoría del crimen organizado y señaló que está en plena operación el Mecanismo Interinstitucional de Protección de los Periodistas.

Rechazó que en México exista una política de Estado para realizar desapariciones forzadas y sostuvo que hay importantes avances en el respeto de los derechos humanos en el país.

Estos son los elementos que destacaron las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación al dar a conocer los aspectos principales que se abordaron durante cuatro audiencias realizadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a instancias de México para tocar los temas de libertad de expresión, seguridad ciudadana y derechos humanos, así como un caso de desaparición forzada y otro en materia ambiental.

En las dependencias destacaron que en el marco del 143 Periodo de Sesiones de la CIDH, durante la audiencia dedicada al tema de libertad de expresión en México, la delegación de autoridades reconoció que aún se enfrentan desafíos en esta materia, “pero todos y cada uno se están atendiendo” para cumplir en su totalidad con las recomendaciones emitidas por la relatoría especial de la CIDH.

El gobierno federal dejó en claro “que las agresiones y riesgos que sufren las y los periodistas” provienen en un alto número del crimen organizado.

Los funcionarios mexicanos presentaron a los comisionados los avances institucionales alcanzados “para garantizar el libre y seguro ejercicio de la actividad periodística en nuestro país”. Inclusive, destacaron las acciones para fortalecer a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra Periodistas y se informó que llevaron a cabo “una amplia presentación sobre el establecimiento y plena operación del Mecanismo Interinstitucional de protección para los periodistas”.

Durante la audiencia relativa a la “seguridad ciudadana” y derechos humanos solicitada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el gobierno mexicano señaló su compromiso de garantizar el diálogo con todos los actores sociales para que la estrategia del gobierno en materia de seguridad esté plenamente apegada a los estándares de derechos humanos.

Fue en esta sesión donde señaló que “no existe en modo alguno” una política de Estado para efectuar “desapariciones forzadas en el país”.

Aunque, en otra reunión, sobre la desaparición forzada de Jesús Gutiérrez Olvera, perpetrada en 2002 por agentes federales en la ciudad de México, la PGR propuso ante la CIDH un advenimiento entre las partes.

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