PGR crea el delito de ocurrencia inoportuna


Por José Contreras, publicado en La Crónica

Con la detención del joven twittero Mario Flores Vargas, la PGR no hizo otra cosa que meter ruido innecesario en la indagatoria sobre el percance en que perdieron la vida el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y otros siete servidores públicos.

La actitud de la PGR, además de ser violatoria de las garantías individuales, puso en aprietos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene a su cargo la investigación técnica sobre la caída del helicóptero en que viajaba Blake.

Y la pone en aprietos porque el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, ha dicho durante tres días consecutivos que no existen elementos para suponer que se trate de algo distinto a un accidente.

La PGR, al detener a un twittero que tuvo una ocurrencia en el momento menos oportuno, evidenció que investiga acerca de un posible atentado y que, para esta dependencia, la teoría del mal clima y la nubosidad no es del todo aceptable. O no es la única.

Estamos ante el supuesto de que dos dependencias del gobierno federal parten de hipótesis distintas para investigar la muerte de Blake.

En el comunicado del pasado domingo relacionado con la detención del twittero, la PGR señaló que se le permitió retirarse de las instalaciones porque “hasta este momento” no existe relación “entre la publicación del tweet y el accidente aéreo”.

Ese “hasta el momento” significa que la PGR continuará con la investigación para determinar si en algún otro momento encuentra ese vínculo que el domingo no encontró.

De acuerdo con la versión del twittero, a Mario le preguntaron si pertenecía a algún grupo subversivo o si conocía gente que pudiera tirar un helicóptero, lo que refuerza la afirmación de que la PGR investiga causas distintas al posible accidente que tanto defiende la SCT.

Claro, también es probable que la PGR en realidad no siga una línea de investigación sobre posible atentado.

Pero si fuera así, ¿por qué detuvo de manera violenta a Mario?

Sólo que la detención del twittero haya tenido como objeto acusarlo de cometer el delito de ocurrencia inoportuna, por escribir en Twitter algo relacionado con accidentes aéreos y muerte de funcionarios, unas horas antes de que cayera el helicóptero en que viajaba Blake.

O a menos que de plano la PGR haya pretendido intimidar a un joven por haber cometido el pecado de hacer un chiste —no muy gracioso, por cierto— en el que mencionó la caída de “la avioneta de Mouriño” y a los “funcionarios voladores”.

En cualquier caso, la detención del joven twittero fue arbitraria, pues se realizó sin orden de aprehensión ni de presentación.

Si la intención era tomarle su declaración en calidad de testigo, el Ministerio Público le hubiera hecho llegar un citatorio. Y si no acudía le hubiera enviado otro y, si no, entonces una orden de presentación.

Pero no fue así. Mario Flores fue detenido con violencia, sin presentarle ningún documento que sustentara su detención, y fue hasta que lo llevaron a la delegación metropolitana de la PGR cuando le dijeron el motivo.

La detención sin sustento del twittero ocurrente sienta un mal precedente, pues a partir de este momento, cualquier ciudadano que escriba en las redes sociales mensajes alusivos a servidores públicos, así sea a manera de broma, será detenido y hostigado.

Si la PGR sigue en esa línea, incurrirá en ataques recurrentes a la libertad de expresión y en violaciones a las garantías individuales.

Respecto a la muerte de Francisco Blake, y de los otros siete servidores públicos, la PGR debe aclarar si lleva a cabo o no una investigación sobre la posible realización de un atentado.

Información precisa de parte de la dependencia evitaría que surgieran más especulaciones y elucubraciones que en poco ayudarán a conocer la verdad sobre las causas de la tragedia del pasado viernes.

Y ayudaría también a saber con claridad cuál es la visión del gobierno federal respecto a los hechos lamentables en que perdieron la vida ocho servidores públicos el pasado viernes.

De lo contrario, la sociedad se empezará a preguntar a quién se le debe creer: a la SCT, que proporciona información todos los días sobre los avances de la investigación de carácter técnico, o a la PGR, que da a entender que realiza una investigación de tipo penal sin decirlo abiertamente.

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