Urgen a frenar ataque contra los periodistas


Por Lilian Hernández, publicado en Excélsior

Debido a que México es uno de los países con mayor riesgo para ejercer el periodismo, el club de Periodistas, Editores y Novelistas (PEN) Internacional exhorta al gobierno mexicano a condenar públicamente toda forma de violencia contra el gremio que se dedica a informar sobre lo que ocurre en el país.

Para manifestar su solidaridad con los mexicanos, esta organización civil envió una delegación a nuestro país para llevar a cabo un encuentro el domingo 29 de enero en protesta contratos periodistas desaparecidos y asesinados en la República.

Como parte de las acciones entregaron una carta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en la que hacen un llamado al gobierno mexicano para frenar “la guerra” contra periodistas, escritores y blogueros en México.

Al mismo tiempo, la agrupación internacional pide a la administración del presidente Felipe Calderón tomar medidas concretas en los casos de violencia dirigidos a los periodistas, así como implementar reformas de procedimientos para que el gobierno federal pueda investigar todo delito cometido contra la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo.

La asociación internacional también solicita corregir los códigos de procedimiento penal para que identifiquen las líneas de investigación y que éstas sean agotadas cuando se trate de investigar un delito criminal.

Señalan que pese a las obligaciones constitucionales, en México se siguen violando los derechos humanos de periodistas y escritores, lo cual repercute en la libertad de expresión, además de que los delitos contra periodistas no son investigados adecuadamente.

Frente a ello, el club PEN Internacional también recomienda al gobierno de nuestro país fortalecer la oficina del fiscal especial, dándole formalmente el poder de investigar delitos y presentar cargos en casos de crímenes organizados.

Entre otras peticiones, destacan crear mecanismos de protección para periodistas con la participación de miembros de la profesión y de la sociedad civil, quienes describan un plan para la provisión de recursos y pericia técnica.

Asimismo, demandan reformar las leyes de radio, televisión y telecomunicaciones para que haya diversidad de los medios de comunicación, y crear un marco regulador para el otorgamiento de licencias a los locutores comunitarios.

A su vez, solicitan diseñar un marco que regule los contratos de publicidad en los medios de comunicación para que éstos sean protegidos de represalias por parte de las autoridades públicas, y por último piden contar con leyes para garantizar la protección del empleo a los periodistas.

En la carta entregada al gobierno capitalino manifestaron que el Fiscal Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión no tiene competencia para investigar los crímenes ni presentar cargos, por lo que es urgente darle la autoridad formalmente, a fin de que se concluyan las investigaciones.

 

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