Tercer Informe del Observatorio del Acuerdo de Medios


 COMUNICADO PRENSA  

México, D.F., 7 de marzo de 2012.

 EL OBSERVATORIO DEL ACUERDO DE MEDIOS PRESENTA SU TERCER INFORME

Como instancia ciudadana que da seguimiento a la instrumentación del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia presentamos los resultados del análisis correspondiente al periodo noviembre 2011 a enero de 2012.

A las autoridades y  los voceros de las instituciones públicas se les recomienda:

  • Abstenerse de filtrar a los medios de comunicación averiguaciones previas dentro de una investigación penal; ello es ilegal y  puede vulnerar derechos como la presunción de inocencia, la propia imagen, la intimidad y el honor. 
  • No convertirse en caja de resonancia de los mensajes del crimen organizado a través de su difusión a los medios de comunicación. En este informe hay ejemplos en que la autoridad proporciona a los medios de comunicación el contenido de mantas o cartulinas presuntamente elaboradas por miembros de grupos criminales. Recordemos que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado el 21 de agosto de 2008 por todas las instancias gubernamentales y numerosos medios de comunicación establece que se debe evitar la apología del delito.
  • Proteger, de acuerdo a los más altos estándares, los derechos a la honra y la reputación sin distinciones. Coincidimos con la organización Artículo 19, la cual advierte un trato diferenciado en los procesos judiciales por comisión de delitos en contra de elementos militares y civiles.
  • Insistimos en la importancia de evitar lenguaje que reafirme el imaginario de la delincuencia organizada y limite las explicaciones de las causales de los hechos de violencia.

 b)    A los medios de comunicación se les recomienda:

  • Difundir estrategias alternativas para enfrentar al narcotráfico. El Observatorio notó que en la cobertura del foro “Drogas: un balance a un siglo de su prohibición” sólo algunos medios dieron difusión a las perspectivas críticas de la estrategia gubernamental y que eran novedosas para el entorno mexicano.  Abrir los medios al debate debe ser un compromiso con las miles de víctimas que ha dejado la violencia emanada del crimen organizado.
  • Abstenerse de difundir información contenida en averiguaciones previas dentro de una investigación penal. En el caso de que otros medios difundan datos, exigir a las autoridades confirmar o desmentir la información que supuestamente se filtró desde la dependencia.  
  • Realizar más y mejores investigaciones en torno a los abusos de los cuerpos de seguridad en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
  • Utilizar en mayor medida las solicitudes de acceso a la información pública gubernamental para el desarrollo de las investigaciones periodísticas.
  • Emplear recursos técnicos para la publicación de imágenes que permitan proteger la identidad, intimidad y dignidad de las víctimas de violencia y sus familiares.
  • Dar continuidad a los casos de violencia a través de investigaciones periodísticas,  ello debe ser un imperativo ético frente a las víctimas, con miras a combatir la impunidad.
  • Evitar cualquier tipo de prejuicio moral en la aproximación al tema del crimen organizado y la violencia.  No incurrir en descripciones que se alejan de los hechos a partir de narrativas decisionistas que presentan a los actores en términos de “buenos” y “malos”.

Hemos venido insistiendo en la importancia de proteger el derecho a la presunción de inocencia y evitar los juicios mediáticos. En ese sentido, valoramos de manera positiva la inciativa de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en torno a la elaboración de un protocolo para la presentación de presuntos responsables de la comisión de delitos ante los medios de comunicación.  Asimismo, estamos atentos a la próxima emisión de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la materia.

Además, seguiremos de cerca las discusiones que se llevarán a cabo en los próximos días en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en torno a dos casos, uno de ellos el de Florence Cassez, que ayudarán a definir los límites y responsabilidades de medios de comunicación y fuentes gubernamentales ante los derechos de presunción de inocencia y al honor, en el marco de la libertad de expresión.

El Observatorio continuará promoviendo la formación de audiencias críticas que interactuén con los responsables de la comunicación gubernamental, con los medios de comunicación y la academia con el objeto de fomentar mejores prácticas en la comunicación de violencia. Para ello contamos con el portal de internet http://www.observatoriocomunicacionviolencia.org y con el Twitter @ObserACIV.

El informe completo, así como los insumos y la metodología para su elaboración están disponibles en nuestro sitio web.

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