¿El periodista debe hablar con todos?


Por Juan Carlos Romero Puga, publicado en Polifonía 

Cuatro minutos le bastaron a Servando Gómez Martínez, La Tuta,  en aquel entonces líder de La Familia Michoacana, para dar lecciones de moral a través de los micrófonos de una televisora local. Estableció que su “empresa” nació para cuidar y salvaguardar a los michoacanos porque si bien entre sus actividades estaba el asesinato y la extorsión, “nosotros no permitimos la violación, ni el secuestro, ni el robo”, explicó.

En aquel julio de 2009, La Tuta, fundador y mando de la organización junto con el mesiánico Nazario Moreno, se dio el lujo de proponer al Gobierno Federal una negociación. El impacto mediático de aquel episodio hizo que días más tarde, otro medio, esta vez nacional, le diera 17 minutos en sus informativos en televisión y espacio en sus ediciones impresas.

Atrás quedó el agravio por el asesinato y la desaparición de reporteros y fotógrafos, de un plumazo quedó olvidado aquel ataque a la redacción de un diario. Los propios medios le mostraron a los grupos criminales el valor de los espacios periodísticos y les dieron la llave de entrada bajo el pretexto de que “un periodista debe hablar con todos los involucrados para entender los problemas”.

Por eso no fue extraño que en 2010 periodistas fueran secuestrados en Gómez Palacio, Durango y que luego fueran usados como moneda de cambio por delincuentes que se comprometían a respetar su vida a cambio de que se transmitieran por televisión tres mensajes dirigidos a sus adversarios. Tampoco debió sorprender que el 13 de noviembre de 2011, un grupo obligara al diario AM de La Piedad a publicar una amenaza contra los votantes, previo al proceso electoral para renovar el gobierno de Michoacán. De silenciar a medios y periodistas a través a la violencia, el escenario cambió; los grupos criminales empezaron a reclamar espacios para enviar sus mensajes.

En abril de 2010, el semanario Proceso reabrió la discusión sobre el tema y marcó la agenda informativa con una portada en la que el periodista Julio Scherer aparecía abrazado por Ismael El Mayo Zambada, jefe del cártel de Sinaloa, durante un encuentro en el que el segundo impuso las condiciones de la entrevista que se publicó en aquella edición. La discusión se centró en dos aspectos, el valor periodístico de la pieza y el riesgo de conceder la misma legitimidad a los actores que operan fuera del marco legal que a los que sí lo hacen.

En 2008, como director de El Universal, Raymundo Riva Palacio habría rechazado una oferta similar hecha a una de sus reporteras: una entrevista con Joaquín El Chapo Guzmán. Además de los riesgos de un encuentro de esas características, la cuestión más importante planteada por Riva Palacio era qué otro fin, además de propaganda, podría tener el líder de un grupo criminal para ofrecer una entrevista a un medio.

Como lo explicaba hace unos años el diario español El País, en el debate sobre el papel de la información en sociedades sacudidas por la violencia “la respuesta no puede ser en ningún caso el silencio”. No obstante, “una sociedad madura y democrática sólo puede construirse desde el conocimiento de la realidad, y no hay mejor defensa frente al terrorismo —y frente al poder de los criminales, agrego yo— que una información precisa de sus crímenes y de sus conexiones”.

Así, el equilibrio informativo frente a la versión gubernamental no puede ser resultado de convertir al narcotráfico y sus múltiples vertientes delictivas en fuente de información. La contraparte a los excesos, las violaciones a derechos humanos y abusos de la autoridad no puede ser la versión de aquellos que logran sus fines mediante el asesinato, el secuestro y la coacción.

El periodismo se ha extraviado en ese sentido. Como lo menciona el director del diario 24 Horas, “el que un periodista opte por manejarse dentro de los parámetros de la legalidad y coincida con la autoridad, no significa que le otorga el apoyo incondicional a sus acciones y sus dichos”.

El trabajo periodístico elemental que consiste en investigar, verificar y contrastar antes de difundir, queda cancelado cuando se toma por bueno el mensaje de un jefe criminal que inequívocamente hablará para cuidar de los suyos. Decía el colombiano Javier Darío Restrepo que “toda fuente tiene que ser sometida a crítica, no solamente sobre lo que dice, sino sobre la fuente misma. Ninguna de las partes que están en guerra está interesada en la verdad, cada una está interesada en utilizar la información como un arma”.

El periodista tiene el deber de desarmar esa información y verificar. La rendición de cuentas o accountability es un concepto ético al cual la delincuencia no está sometida; considerarla un interlocutor en una sociedad democrática relativiza y justifica su violencia. Y eso es propaganda, no periodismo.

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