Avanza órgano de protección de periodistas y activistas (El Economista)


Por Verónica Macías, publicado en El Economista

El gobierno federal instaló la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de brindar seguridad a personas vulnerables a amenazas.

En el acto, Antonio Mazzitelli, representante regional de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, pidió que el mecanismo no se limite al aspecto reactivo, sino que se base en la prevención, para que no haya más muertes ni desapariciones.

“El objetivo no es proteger a los periodistas de las amenazas, el objetivo es que nunca más haya esas amenazas, ni para los defensores de derechos humanos ni para los periodistas. En donde no hay que reaccionar”.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, encabezó la instalación de la Junta de Gobierno; destacó el cumplimiento de la ley en que recientemente se promulgó, pues se trabajará de la mano con un Consejo Consultivo, donde estarán los tres niveles de gobierno para garantizar la protección eficaz.

Jade Ramírez, miembro del Consejo Consultivo, advirtió: “El parámetro de éxito de este mecanismo se verá reflejado cuando se salven las vidas de personas vulnerables en su integridad física por el ejercicio de su labor”.

Por otro lado, “de lo que se trata es de que funcione (el mecanismo)”, coincidió con ella Poiré Romero.

Mazzitelli lamentó que México es probablemente el único país del mundo en donde los periodistas son amenazados y asesinados, no solamente por lo que escriben, sino que en algunos casos por lo que han rechazado escribir.

En los últimos años, en México se contabiliza la muerte de 70 periodistas y 12 desapariciones. Ante ello, Alejandro Poiré aseguró que el problema de inseguridad en este sector de la población se deriva de la crisis de violencia.

La Junta de Gobierno está integrada por un representante de la Secretaría de Gobernación, uno de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública, otro de Relaciones Exteriores, uno más de la CNDH, cuatro del Consejo Consultivo y un representante por cada uno de los gobiernos estatales.

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