Periodismo, oficio de la muerte (El Financiero)


Por Carmen García Bermejo, publicado en El Financiero

Periodistas asesinados en el siglo XXI.

Un amplio catálogo de agresiones a periodistas es el saldo del gobierno de Felipe Calderón. Como nunca antes en la historia de México, los trabaja- dores de los medios de comunicación son embestidos. En medio de la senda de muertos provocada por el combate al narcotráfico suman ya 73 los periodistas asesinados y 40 las empresas de comunicación atacadas sólo en este sexenio.

A principios del siglo XX los políticos y caciques partidarios de la acción directa de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación mandaban a sus guardaespaldas a asaltar los talleres, desbaratar las cajas donde se encontraban las miles de letras de molde (linotipos) y echar miel o azúcar entre los rodillos de las pren- sas para paralizar la impresión durante varios días. Si la advertencia no resultaba y el periodista continuaba con el reporte crítico de los sucesos, los atacantes incendiaban el edificio y destruían la maquinaria.

Al final de su mandato, el mismo Plutarco Elías Calles sentenció: “Hoy nada menos el único periódico que quedaba capaz de publicar algo mío, creo que no saldrá…” La madrugada anterior a sus declaraciones, el general había enviado a un grupo de contrachoque a lapidar y asaltar los talleres del diario El Instante para impedir su circulación.

A principios del siglo XXI, la situación sólo se ha transformado… radicalmente. Las agresiones se han di- versificado y continúan sin que parezcan tener freno. Es verdad que en un clima social como el que actualmente padece México, las embestidas provienen de diferentes orígenes. Sin embargo, las organizaciones en defensa de los periodistas y de derechos humanos documentan que un alto por- centaje de los probables responsables son servidores públicos de los tres niveles de gobierno, incluyendo policías, militares y jueces.

Homicidios, privación de la libertad, hostigamiento, agresiones físicas, desapariciones forzadas, robos, allanamientos, demandas penales, intimidaciones veladas y amenazas de muerte es la práctica utilizada en esta nueva centuria para contrarrestar el trabajo periodístico. Si bien en los años treinta del siglo XX el gobierno creó la Productora e Importadora de Papel (PIPSA) para ejercer control sobre los periódicos, en la actualidad los tres ódenes de gobierno y todas sus dependencias utilizan el pago de publicidad gubernamental para favorecer a los medios de comunicación que consideran afines a sus proyectos o suspenden la publicidad para asfixiar a aquellos que no responden a sus intereses.

De acuerdo con una investigación del decano periodista Carlos Moncada, en el sexenio de José López Portillo se registraron 11 asesinatos a periodistas; en el de Miguel de la Madrid Hurtado, 25; 17 en el de Carlos Salinas de Gortari; 24 en el de Ernesto Zedillo Ponce de León; 26 en el de Vicente Fox Quesada y 73 en el de Felipe Calderón Hinojosa. Es decir, en los primeros 12 años del siglo XXI los homicidios a periodistas casi llegan a 100, más 26 desaparecidos, ocho trabajadores de los medios (ingenieros, camarógrafos, repartidores…) asesinados y 40 empresas de comunicación atacadas con armas de fuego o explosivos. A la fecha no hay resultado de las averiguaciones y de los casos anunciados oficialmente como aclarados aún persisten serias dudas.

Apenas hace ocho días, en la ciudad de Tehuacán, Puebla, el periodista Adrián Silva Moreno acudió a dar cobertura al descubrimiento que hicieron elementos de la XXIV Zona Militar de una bodega en la que presuntamente se almacenaba combustóleo robado. Pero al llegar al lugar, y luego de recibir la orden del Ejército de que se retirara, fue alcanzado por una camioneta desde donde dos sujetos le dispararon a quemarropa. Trabajaba como free lance en los medios Punto Noticias, El Mundo de Tehuacán, Puntual y la publicación en línea Glob@l México. Entre la fuente de reporteros que cubre noticias policiacas era bien conocido por ser el primero en llegar a los lugares de los hechos. Hace 15 días asistió a un operativo de la policía federal que concluyó con el arresto de un individuo por el robo de un auto de la empresa Coppel y por el hallazgo de una bodega donde encontraron otros vehículos robados. La Procuraduría de Justicia inició la averiguación previa.

Oficio de muerte

Hace casi 30 años Carlos Moncada Ochoa comenzó a investigar los asesinatos de periodistas en México. Para reconstruir los casos, recurrió a fuentes hemerográficas, libros de historia y crónicas. Los primeros resultados los publicó, en 1982, en la revista Impacto donde era colaborador y, después, su director. Pero no se quedó ahí. En los años siguientes visitó las poblaciones donde se cometieron los crímenes, buscó a familiares de los occisos, detectó más pistas en el trabajo escrito por los caídos, habló con colegas que estuvieron cerca de los hechos y, a veces, hasta con funcionarios que intervinieron en las indagatorias, cuando las había. Así surgió su libro Periodistas asesinados (1860-1990) / Estudio histórico-social (Edamex).

Pero su tenacidad lo hizo continuar con la investigación porque, lejos de disminuir, los casos ascendieron hasta llegar a registrar la alarmante cifra de 99 asesinatos de periodistas ocurridos sólo del año 2000 a abril de 2012. Y con el título de Oficio de muerte / Periodistas asesinados en el país de la impunidad (Grijalbo), Moncada Ochoa presenta una nueva investigación en la que refleja que el homicidio es el medio brutal utilizado para silenciar a la prensa.

En este libro analiza el crimen de periodistas por épocas: el porfiriato, la Revolución, el caudillismo, la era moderna, los años setenta del siglo XXI hasta llegar a marzo de 2012. El autor le había propuesto al editor poner al final del libro una hoja en blanco, como un cuadro, para que el lector fuera agregando nombres. Pero la iniciativa no fue aceptada al considerarla “muy fúnebre”. Lo cierto es que de marzo de 2012 a la fecha ya hay siete caídos más.

Moncada Ochoa explica que el primer capítulo está dedicado a los que fueron asesinados durante el porfiriato y, así, de los duelos por defender el honor en los que se batieron algunos periodistas, se pasó a los ataques a las plumas críticas con el fin de acallarlas.

-Todos estos casos se deben a motivos políticos. Los gobernadores o los caciques de la región urdieron esas muertes. El primer informador pinchado para favorecer los intereses políticos de un gobernador fue, en 1879, el sinaloense José Cayetano Valadés, director del semanario La Tarántula de Mazatlán. Luego, en el capítulo de la Revolución Mexicana, registro que la causa principal es haber participado en la contienda y cito, por supuesto, el caso de Ricardo Flores Magón. En ese mismo apartado consigno hasta 1929 donde cito el asunto del periodista Jesús Z. Moreno, nativo de Álamos, Sonora, asesinado en la puerta de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, en 1922, a manos del diputado Francisco Tejeda Llorca, ya candidato a senador. Como tenía fuero, no lo detuvieron. Una semana después, la hija de Z. Moreno (una joven de 14 años de edad) busca al legislador, lo encuentra frente a su casa y lo mata.

En esta investigación, el autor anota que entre 1960 y 1970 el análisis de los crímenes contra periodistas se vuelve complejo. Sobre todo porque no se trata sólo del número de víctimas que van en aumento y del predominio de la impunidad, sino de la colusión de funcionarios y delincuentes:

-Los acosadores de la prensa -dice Moncada Ochoa- se localizan en el seno de grandes organizaciones obreras y en corporaciones policiacas de pequeñas poblaciones. En ese periodo fueron asesinados 15 comunicadores en distintas partes del país. Podemos registrar que hasta la época de los setenta, los autores intelectuales de la mayoría de los homicidios eran políticos, caciques y gobernantes. Después, el responsable ha sido, salvo algunas excepciones, el crimen organizado, en el que también participan funcionarios y jefes policiacos corruptos. Esto conduce a otra dificultad: si no se precisa pronto el móvil del crimen del periodista, la suspicacia pública a menudo lanza el rumor de que se trata de un ajuste de cuentas. Sin razón se manchan, así, reputaciones y trayectorias.

Como Moncada Ochoa también es abogado, con especialidad en derecho constitucional, incluye un apartado sobre el tema en su libro: considera que las leyes vigentes tienen aciertos, pero no son útiles porque están diseñadas para sancionar a los responsables… cuando los llegan a encontrar.

-Lo que debería interesarnos es la prevención del delito. La única forma de hacerlo es mediante la captura de los delincuentes. La mayoría de los casos ha quedado impune y ni siquiera estamos seguros de que, cuando han llegado a consignar a algunos malhechores, realmente ellos sean los culpables. Por ejemplo, el caso de Brad Will, el reportero estadounidense que asesinaron en Oaxaca. Las autoridades inculparon a un integrante de la APPO y durante dos años estuvo preso. Luego de presiones de organizaciones civiles lo dejaron libre por falta de pruebas. Otro asunto es el del periodista Amado Rodríguez, de Acapulco, en el que detienen, casi de inmediato, a dos vagos que llevaban una pistola del calibre con el que mataron al periodista. Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya demostró que esa arma no había sido disparada, los acusados siguen presos. Esto es un mugrero. No es nada grato ocuparse de tanta sangre. Con esta investigación hago una denuncia y recuerdo a estos periodistas para que no mueran definitivamente.

Otra alerta que lanza el autor es el de las mujeres periodistas asesinadas, a la fecha 18. Detalla que la reportera tamaulipeca Norma Figueroa Moreno “inauguró” esa lista. Pero insiste en que ese caso se debe estudiar junto con el de Ernesto Flores Torrijos, director y propietario del medio en el que ella trabajaba: El Popular, pues los acribillaron a ambos cuando llegaban al periódico, en Matamoros, la mañana del 17 de julio de 1986. Durante cinco años no hubo ninguna averiguación, hasta que la CNDH recomendó hacerlo.

Pero, a la fecha, nada ha sucedido.

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