Managua: sigue la telenovela del caso de camionetas de Televisa. Opinión de Raymundo Riva Palacio (24 Horas)


Por Raymundo Riva Palacio, publicado en 24 Horas

En el gobierno mexicano no entienden la actitud del presidente Daniel Ortega en el caso de las 18 personas detenidas en Managua en dos camionetas con logos de Televisa donde escondían 9.2 millones de dólares.

Ortega, de quien se quejan ha impedido que agentes ministeriales de la PGR puedan declarar a los arrestados, le dijo en cambio al jefe del Grupo Carso, Carlos Slim, que las camionetas sí eran propiedad de la empresa, y que los arrestados trabajaban para la compañía que encabeza Emilio Azcárraga. La información en México contradice a Ortega, avala la inocencia de Televisa y establece que ese grupo trabaja para Los Zetas.

El expediente Televisa se abrió el 20 de agosto pasado, cuando la Policía Nacional de Nicaragua detuvo a los mexicanos en la frontera con Honduras, a bordo de dos camionetas equipadas para transmisiones en vivo y para grabar en simultáneo hasta cuatro telenovelas, en cuyo interior había 23 bolsas con 258 paquetes de dólares en compartimientos secretos. Desde un principio alegaron que trabajaban para Televisa, que a su vez siempre ha desmentido toda participación. La Fiscalía nicaragüense encontró credenciales firmadas por el vicepresidente de Noticias, Amador Narcia, y por Joaquín López Dóriga, principal conductor de noticias de la empresa. Asimismo, estableció una red de vínculos telefónicos que mostraban llamadas entrantes a dos teléfonos que supuestamente pertenecían a Televisa y Narcia, lo que también ha sido negado institucionalmente.

Los investigadores mexicanos, federales y del Distrito Federal, han deslindado a la empresa y a Narcia y López Dóriga. Ambos se presentaron en la PGR a realizar pruebas grafológicas mediante las cuales se comprobó que las firmas en las credenciales, no son de ellos. A nivel capitalino, las autoridades consignaron a cuatro funcionarios de menor nivel en la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, por haber registrado las camionetas a nombre de Televisa con documentación oficial. Además, hay una investigación contra al menos siete empleados de la empresa, por presunta participación en este delito del fuero común. Las cosas no pueden parar ahí. La PGR, con la información fragmentada que ha podido obtener de los prisioneros en Managua, estableció la red de contactos que tenía ese grupo, o parte de él, con Los Zetas.

La persona clave en este caso, a la cual las autoridades federales asignan un rol jerárquico dentro de la estructura de Los Zetas, es “Raquel Alatorre Correa”, quien desde un principio fue señalada como líder del grupo, y que dijo ser “reportera, presentadora y jefa de información” de Televisa. Le decomisaron un pasaporte que indicaba como lugar de residencia Yucatán, y posteriormente los nicaragüenses encontraron otros pasaportes de ella, con distintos nombres, a partir de lo cual comenzó la PGR la reconstrucción de sus redes y vínculos.
De acuerdo con la información disponible de la investigación de “Alatorre Correa” en Yucatán, se encontraron más propiedades en Tamaulipas y en Guanajuato, y se descubrieron al menos 40 vehículos relacionados a direcciones en León y Mérida, que no están registrados a nombre de Televisa. Las autoridades mexicanas hallaron dinero en efectivo en esas propiedades así como joyas y números de cuentas bancarias que ya fueron congeladas, por alrededor de 70 millones de dólares.

Las presunciones iniciales de la procuradora general Marisela Morales de que detrás de ese grupo se encontraban Los Zetas, han sido confirmadas. Quizás lo más revelador de las casas de seguridad descubiertas, es su presencia en Mérida, León, y su posible infiltración en instituciones en el Distrito Federal. Las pesquisas no han avanzado más, según funcionarios federales, por la poca colaboración de la fiscal general adjunta en Nicaragua, Ana Julia Guido, que ha bloqueado la ampliación de las declaraciones. Pero se espera que el caso tome una nueva velocidad, cuando la PGR termine de armar el expediente en México y se pida la extradición. Ese punto será la prueba para el gobierno nicaragüense y en particular para el presidente Ortega, tan poco colaborador hasta ahora con las autoridades mexicanas y, quizás, permita terminar el rompecabezas de esta telenovela de historias tan contradictorias como fragmentadas.

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