Avanza iniciativa para sancionar ataques a medios (El Universal)


Por Elena Michel, publicado en El Universal

Las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, con opinión de Gobernación, del Senado de la República presentaron ayer el anteproyecto de dictamen de la ley reglamentaria al artículo 74 constitucional que faculta a las autoridades federales para atraer delitos del fuero común contra los periodistas y medios de comunicación, y con la cual se estrenó la figura de la Audiencia Pública —similar a la que funciona en Estados Unidos— para involucrar a la sociedad civil en la discusión de este tema.

En la primera audiencia participó el relator especial de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, quien dijo que la agresión a los periodistas no sólo proviene de la delincuencia organizadas, sino que en muchos casos se da por parte de las autoridades, sobre todo cuando se trata de investigaciones de corrupción.

De acuerdo con el proyecto, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer su facultad de atracción y los jueces federales tendrán competencia, entre otras, cuando la víctima u ofendido así lo solicite; una vez que se haya determinado la “viabilidad de la petición”.

También cuando en estos delitos existan indicios de que en la comisión del delito haya participado algún servidor público; se trate de delitos graves tipificados por la ley (artículo 19 constitucional) o cuando haya “incapacidad” de las autoridades locales para perseguir el delito; cuando un gobernador así lo solicite, cuando trascienda el ámbito de una o más entidades federativas y si trasciende el ámbito de una o más entidades o a la arena internacional.

La PGR contará con una fiscalía especializada para la investigación y persecución de los delitos que atenten contra el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, y cada circunscripción territorial contará con unidades administrativas y fiscalías especializadas que resulten necesarias para el cumplimiento de funciones.

Se propone la creación de un tipo penal “objetivado”; es decir, que se establece el derecho a la información y las libertades de expresión e imprenta como bien jurídico tutelado, para lo que se crea en el Código Penal Federal el título “De los Delitos en materia de Libertad de Expresión y Acceso a la Información”.

El artículo 430 establece que “a quien cometa un hecho que la ley señale como delito contra periodistas, personas o instalaciones que afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o libertades de expresión o de imprenta, además de la pena que corresponda al delito cometido, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días de multa”. Esta pena aumentará hasta dos años y medio y 750 días de multa cuando esté involucrado un servidor público.

El proyecto de dictamen, que cuenta con el aval de todas las fuerzas políticas, fue presentado públicamente, pero su votación se hará hasta después de conocer la opinión de actores y expertos involucrados.

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