Tortura en Puente Grande (Reporte Índigo)


Por Jesús Lemus, publicado en Reporte Indigo

El periodista Jesús Lemus sufrió los tormentos cotidianos en el penal de máxima seguridad mientras purgaba una condena injusta. En su narración detalla el sistema carcelario mexicano, que compara con las prisiones de Abu Ghraib y Guantánamo.

Por ejercer el periodismo, criticando el actuar y funcionamiento de órganos de gobierno local manejados por amigos del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, fui encarcelado y acusado –sin pruebas– de delitos graves, tales como delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, hecho que me condujo a la cárcel federal de Puente Grande, en el estado de Jalisco, en el Centro Federal de Readaptación Social número 2, Occidente.

Ingresé a ese centro penitenciario el 27 de mayo del 2008, luego de estar recluido en la cárcel estatal de Guanajuato, en donde un juez federal determinó que yo era un reo de alta peligrosidad y ponía en riesgo la estabilidad de la cárcel local.

Mi ingreso a la cárcel federal fue al filo de las 16:00 horas en medio de un intimidante operativo.

Fui llevado inicialmente a una bodega –ya dentro del complejo penitenciario–, en donde había al menos 30 personas, entre custodios, personal médico, de psicología y administrativo. Allí me mantuvieron sentado en el piso, esposado con las manos por detrás, con las piernas estiradas y la cabeza agachada, pegando la barbilla a mi pecho, a fin de causar el mayor adormecimiento de la cadera a los pies, para entorpecer mis movimientos.

Tras la revisión médica, que se me hizo en medio de ladridos de perros, de gritos, insultos y empujones, incluso por parte del personal médico, el traslado por los pasillos de la cárcel al área conocida como Centro de Observación y Clasificación (COC) fue traumático:

Mientras dos custodios me llevaban corriendo, haciendo palanca en mis brazos para inclinarme y sofocarme en la carrera, otro oficial me golpeaba la espalda, cabeza, brazos y piernas con sus puños cerrados.

Cada 20 metros parábamos pero era sólo para que otro oficial me asfixiara con sus manos oprimiéndome el cuello.

Por lo menos tres veces perdí el conocimiento y lo recuperé, debido a las patadas que los guardias me propinaban mientras yo estaba tirado en el suelo. El aliento de los perros lo tuve en mi garganta los siguientes cinco días.

Al ingreso, el personal médico me obligó a hacer gárgaras con una solución química que en menos de dos minutos había suprimido la segregación de saliva, lo que acentuó aún más la sensación de ahogamiento.

Ya en el área de COC, tras una revisión humillante de todo el cuerpo, con énfasis en las cavidades, fui llevado a golpes a una celda. Allí fui despojado de ropas y zapatos, confinándome, desnudo y golpeado, al silenció de una fría celda en donde no se apaga nunca la luz, en donde permanecí seis meses.

Durante el tiempo que pasé aislado, desnudo y torturado psicológicamente en aquella celda de COC, fui sometido a una terapia de reeducación, que consistía en sacarme de la celda a la media noche para ser golpeado, bañado con un chorro de manguera a presión y torturado emocionalmente.

Esto sucedía pese a que por gestiones de la agrupación Reporteros Sin Fronteras se solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul, que en teoría sirve como guía para la evaluación de las personas que han sido torturadas, o para investigar casos de posible tortura. En mi caso se me informó de la aplicación del protocolo sólo para acentuar sarcásticamente que dentro de la cárcel federal de Puente Grande no hay más ley que la ley del garrote.

La tortura a que fui sometido entre mayo y diciembre del 2008 en la cárcel federal de Puente Grande, con pleno conocimiento de la autoridad penitenciaria, consistió en recibir puñetazos en todo el cuerpo, fotografiarme totalmente desnudo, permanecer desnudo en forma permanente en mi celda, bañarme con agua helada, recibir amenazas de violación, ser sustraído de mi celda a mitad de la noche por guardias encapuchados y con perros, someterme a constantes revisiones corporales, ingerir medicamentos sin explicación alguna, mantenerme privado de la alimentación y el sueño por periodos de hasta 48 horas consecutivas.

Tortura institucionalizada

Este tipo de tortura no se debe a la maldad de un guardia o a la crueldad de un director del penal, es una tortura institucionalizada, toda vez que existe una teoría totalmente desarrollada para el sometimiento de la persona y el quebrantamiento de la voluntad.

Esa teoría fue desarrollada y aplicada por la CIA –misma que se explica puntualmente en el libro la Doctrina del Shock de Naomi Klein–, misma que se aplica en la prisión de Guantánamo, Cuba, y se utilizó en la prisión de Abu Ghraib, en Irak.

Al menos durante el régimen de Felipe Calderón, dicha teoría de sometimiento fue utilizada al pie de la letra en las cárceles federales.

Los tipos de tortura que se han documentado en cárceles como la de Guantánamo y Abu Ghraib, como dar puñetazos en cachetes y patear a los detenidos, saltar sobre sus pies desnudos, grabar en vídeo y fotografiar a prisioneros desnudos.

También es común forzar a los prisioneros a desempeñar posiciones de acto sexual y fotografiarlos, desnudar a detenidos a la fuerza y mantenerlos desnudos durante varios días, imponer a hombres desnudos a usar ropa interior femenina, obligar a los detenidos a masturbarse para fotografiarlos y grabarlos, amontonar a los prisioneros desnudos y saltar sobre ellos, poner de pie sobre cajones a prisioneros, con una bozal sobre su cabeza, y amarrar cables eléctricos a los dedos de los pies y manos y al pene para amenazar con tortura eléctrica,

En estas prisiones ejemplares por los métodos de tortura es común también colocar un collar y correa de perro a un detenido desnudo y mientras lo “pasea” una mujer soldado, sacar fotografías de prisioneros muertos en posición de celebración, romper luces químicas sobre los detenidos y echar líquido fosfórico sobre ellos, regar con agua fría a los detenidos desnudos, golpear a los detenidos con escobas y sillas y amenazarlos con una violación.

Todo lo anterior, documentado sobre las prisiones de alta tortura mencionadas,  no dista mucho de lo que se practica en la cárcel federal de Puente Grande, en Jalisco.

Tras la documentación de la tortura en Abu Ghraib, el 9 de marzo de 2006, el gobierno de Estados Unidos, luego de ordenar una investigación a los mandos militares encargados, decidió el cierre de la prisión.

Sobre la cárcel de Guantánamo, según una nota de EFE del 19 de Junio del 2013, el presidente Obama dijo: “Continúo en mi empeño de cerrar Guantánamo pero ha resultado más difícil de lo esperado. Eso se ha debido a la resistencia de algunos estados y a problemas con el Congreso”.

En el caso de México, la prisión de Puente Grande no apunta hacia su fin, por el contrario, siempre fue el orgullo del entonces presidente Calderón.

En su momento el presidente Felipe Calderón alabó el sistema de “seguridad” que se maneja al interior de las cárceles federales, anunciando la construcción de más centros federales de readaptación social, como el de Puente Grande.

A su arribo al poder, Calderón encontró operando cuatro cárceles federales, y a su salida dejó en funcionamiento 12 centros penitenciarios, en donde la regla de trato a los internos es la misma: no tienen derecho a nada y se rigen por los procedimientos copiados a la CIA y aplicados en cárceles como Guantánamo y Abu Ghraib.

En México solo falta la aplicación de la ley del garrote vil, para estar en las mismas condiciones que se vivieron en España en la época del régimen totalitario de Franco.

Aquí estamos en espera que algún país asuma el papel que manifestó oficialmente el gobierno mexicano y suspenda relaciones con nuestro país para forzar a cambiar la política interna en cuanto al respeto de los derechos humanos, y la supresión de la tortura como política oficial de trato a la disidencia.

Mientras eso ocurre, todos los días cientos de presos en cárceles federales son despertados violentamente en sus celdas, son llevados al patio de la prisión y sometidos cruel e inhumanamente por el personal de guardia, que bajo el pretexto de mantener la seguridad en la cárcel, pisan sistemáticamente las garantías individuales con los peores tratos y eficientes sistemas de tortura que quebrantan la voluntad humana.

En la calle…la gente se muere de miedo.

México condena lo que practica

En México se resguarda fielmente el legado de la CIA sobre torturas, método norteamericano institucionalizado como procedimiento normal en cárceles federales. En la escena mundial la política oficial mexicana es de total respaldo a las acciones para erradicar la tortura y violación de los derechos humanos, lo que choca con la práctica

En punto de las seis de la mañana del 18 de agosto de 1963, Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez, tras ser torturados y segregados en una celda de la prisión de Carabanchel, en Madrid, fueron despertados en forma violenta.

A empujones fueron trasladados al patio de la prisión, en donde una decena de policías fueron testigos de que se cumpliera la sentencia dictada por el Consejo de Guerra, que ordenó su muerte. Fueron estrangulados por el aro de hierro del “garrote vil” por decisión directa del general Franco.

Un Consejo de Guerra, que se les formó a Granados y Delgado, y sesionó en medio de un intrincado trama de irregularidades, a solo 48 horas de la ejecución, decidió que eran suficientes las confesiones de auto culpabilidad arrancadas a base de tortura a los dos jóvenes, que terminaron por reconocer su militancia en la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, a la que se le atribuían actos terroristas encaminados a combatir el régimen totalitario de Franco.

Tras la muerte de los dos inculpados, México se alzó en todos los foros mundiales para denunciar la violación de los derechos humanos en el régimen franquista. Las ejecuciones, en España, por el método del garrote vil, siguieron.

Cuenta el periodista José Reveles, especialista en temas de perseguidos, que fue el 27 de septiembre de 1975 cuando Luis Echeverría Álvarez pidió la expulsión de España de la ONU por el fusilamiento de cinco presuntos terroristas en Madrid, Burgos y Barcelona.

México expulsó a la representación diplomática oficiosa en nuestro país –cuenta el periodista– y retiró al encargado mexicano de las relaciones turísticas y comerciales en Madrid, para recalcar su postura contra la violación de los derechos humanos. Era el inicio de una política de doble cara.

En 1977, para atender el caso de restablecimiento y desagraviar las relaciones diplomáticas con España –rotas en reproche a los crímenes de guerra y a la violación de derechos que se vivió en España con el general Franco–, el presidente José López Portillo envió, como embajador  extraordinario y plenipotenciario, a Gustavo Díaz Ordaz, el principal depredador de los derechos humanos en México y figura central de la guerra sucia en nuestro país.

El pasaje histórico de las relaciones de México-España es sólo referencial, por tratar de ilustrar el contrasentido en el que ha estado inmerso nuestro país en el contexto mundial en materia de defensa de los derechos humanos y combate a la tortura.

Por un lado hay una proclama general y se han firmado todos los convenios y tratados internacionales para la defensa y protección de las garantías individuales y contra la tortura, pero por otra parte se maneja una política interna represiva.

Las mil 662 denuncias de tortura que en el 2012 recibió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indican que el gobierno de México se encuentra a la cabeza de los países que violan sistemáticamente las garantías de sus ciudadanos, pero el gobierno mexicano reclama la tolerancia y el respeto en otros países.

 

 

El método del Garrote Vil

El garrote fue un método de ejecución y el adjetivo “vil” deriva del sistema de leyes del Medievo. La decapitación con espada se consideraba pena reservada a los integrantes de la nobleza; en cambio, para los villanos (habitantes de las villas o integrantes de la “plebe”), se mantenía la ejecución “vulgar” mediante “garrote” (garrotazo). Posteriormente se aplicará la ejecución por compresión del cuello de la víctima, conservándose el nombre. Más adelante, el garrote fue refinado.

Calderón y la represión

Con Felipe Calderón Hinojosa se acentuó la violación de garantías individuales por parte del estado mexicano hacia sus ciudadanos, prueba de ello es el incremento de un 500 por ciento de las denuncias presentadas ante la CNDH.

En ellas el principal acusado de tortura y violación de derechos fue el propio Estado mexicano, cifra que estuvo contrastada con la postura oficial que el entonces presidente de México manifestó públicamente, al elevar a nivel de rango constitucional la tutela de los derechos humanos, con la reforma que se hizo a la Carta Magna el 10 de junio del 2011.

Al entonces presidente Felipe Calderón, obsesionado por distraer a la opinión pública y despejar cualquier bruma de ilegitimidad que opacara su gobierno, ordenó una guerra contra el narcotráfico y mandó al Ejército y Policía Federal al combate urbano, con la consecuencia natural que conlleva la presencia de milicias en zonas urbanas: la aplicación de tortura y violación de derechos civiles de la población.

“México ha sufrido graves crisis de seguridad pública en muchas regiones durante la administración de Calderón. El gobierno ha desplegado fuerzas militares y policiales a una escala sin precedente para combatir poderosos cárteles de la droga y otras redes de delincuencia organizada. Al menos 60 mil  personas han sido víctimas de homicidio y más de 160 mil se han visto desplazadas internamente”, relató en su momento Amnistía Internacional a través de su informe Culpables Conocidos, Víctimas Ignoradas, Tortura y Maltrato en México.

El documento fue publicado en 2012, y también se revela que “El personal militar recibe formación en derechos humanos, pero las denuncias de abusos graves, incluida tortura y otros malos tratos, han aumentado tremendamente en los últimos años”.

De acuerdo a Amnistía Internacional, entre enero de 2006 y enero de 2012, el ejército detuvo a 43 mil 778 presuntos delincuentes, basándose en la normatividad institucionalizada durante el periodo de Felipe Calderón sobre detención en flagrante delito, que no era otra cosa que el libre arbitrio a discreción de los propios policías y soldados.

Muchos de esos detenidos fueron llevados a los cuarteles militares o sometidos a interrogatorio, en vez de ser puestos inmediatamente a disposición del Ministerio Público.

Tormentos autorizados y presos sin rehabilitar

“Durante el gobierno de Felipe Calderón en el Ejército Mexicano se fomentó y toleró la tortura.

“A la mayoría de mandos que estábamos en combate abierto contra bandas del narcotráfico, se nos permitía y autorizaba interrogar a discreción a los detenidos, a fin de que pudieran dar más información sobre ubicación de más delincuentes”.

Lo anterior lo explica un militar recluido en la cárcel federal de Puente Grande, en Jalisco, quien hoy enfrenta un proceso por delincuencia organizada, luego de que un testigo protegido –con nombre clave de Jennifer– lo acusó de dar protección a una célula criminal.

“La práctica más común de tortura que se aplica en el Ejército es la bolsa de plástico en la cara y la inmersión en agua con el rostro vendado”, cuenta el militar, cuyo nombre se reserva por su seguridad.

Nadie aguanta una sesión de dos horas con ese sistema: “Todos terminan reconociendo lo que sea, con tal de que se termine la sesión”. Ese modus operandi estaba autorizado para aplicarse a los detenidos en que se creyera conveniente el procedimiento, siempre a discreción del mando, resalta el militar.

Paralelamente, en todo el territorio, el Ejército y las policías federal y estatales acentuaban la violación a los derechos humanos, el gobierno presentaba ante la comunidad internacional su cara bonita resaltando la pertenencia a los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, donde México –en el periodo de Calderón– firmó o ratificó su adhesión a los 17 acuerdos o tratados establecidos por la ONU en relación a evitar la tortura como práctica de gobierno.

Contra derechos humanos

Los tres centros penitenciarios descritos han trascendido por sus sistemas de tortura y violación de derechos humanos que finalmente no conducen a la rehabilitación de los presos.

Puente Grande

El penitenciario federal Puente Grande se considera que tiene la segunda mejor seguridad del país. A pesar de esto, de ahí se fugó Joaquín, “El Chapo” Guzmán 2001.

Entre los capos confinados en Puente Grande se encuentra Alfredo Beltrán Leyva del Cártel del Pacífico, Alejandro Beltrán Coronel, sucesor de Nacho Coronel del Cártel de Sinaloa y Jesús Meléndez Vargas, fundador de la Familia Michoacana.  Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Guadalajara fue interno de la prisión entre 2005 y 2010, cuando lo trasladaron al Cefereso de Jalisco.

Guantánamo

El Centro de Detención de Guantánamo se encuentra en la provincia de Guantánamo, Cuba. La Bahía de Guantánamo ha sido ocupada por Estados Unidos bajo el tratado cubano-estadounidense de 1903, que estipula el arrendamiento perpetuo (con absoluto control y jurisdicción) de la tierra a los norteamericanos.

Antes del 2001 los cubanos y haitianos interceptados en alta mar eran recluidos en este Centro de Detención, pero después del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, fue acondicionado como campo de concentración de alta seguridad para los detenidos acusados de terrorismo.

Abu Ghraib

La Prisión de Abu Ghraib en Irak fue construida en los 80 por el gobierno de Saddam Hussein para detener y torturar a prisioneros políticos.

Tras la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, el control de la prisión fue tomado por los norteamericanos.

En 2004, los medios de comunicación expusieron las torturas, abusos y humillaciones que los reclusos iraquíes sufrían por soldados estadounidenses. En las torturas aparentemente participaron científicos y médicos norteamericanos.

Las autoridades de EU decidieron cerrar la prisión en 2006.

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