¿Leyes mordaza? ; Alberto Aguirre (El Economista)


Por Alberto Aguirre, El Economista

Si El Chapo hubiera estado recluido en Nayarit, ¿se habría podido evadir del penal de El Rincón? A saber. Lo que está claro —de acuerdo con la reforma penal propuesta por el gobernador priísta, Roberto Sandoval Castañeda— es que los criminales tienen menos facilidad para fugarse.

De acuerdo con la iniciativa remitida el pasado 20 de julio por el Ejecutivo al Congreso local, la legislación estatal incluiría un nuevo tipo penal: el del “atentado contra la seguridad de la comunidad”, para castigar a quien posea cualquier aparato de comunicación al interior de los centros penitenciarios. La transmisión de datos y voz en cualquier centro de readaptación social nayarita simplemente quedaría proscrita.

Aquéllos que lograran fugarse recibirán un castigo ejemplar, y no como hasta ahora, que son sancionados de forma excepcional. Estas adiciones coadyuvarían “al cumplimiento de los lineamientos emitidos en las recientes reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. Aunque la reforma penal afectaría tanto al código publicado en 1986, vigente para el sistema “tradicional”, así como al código publicado en el 2014 y vigente para el sistema penal acusatorio.

La homologación de la normatividad local con la federal sería extensiva a la inclusión —en el código penal— de los parámetros de cantidad de alcohol en exhalación, sangre y orina de los conductores que sean remitidos por conducir en estado de ebriedad. Y para los delitos de lesiones y homicidios, cuando se comenta de forma culposa por virtud de infringir al menos una de las disposiciones normativas en materia de tránsito, transporte y vialidad, serán más severas.

¿Empate de jurisprudencias o restricción de libertades? Las penas para castigar a los responsables del delito de ataque a las vías generales de comunicación —léase aquéllos que impidan el libre tránsito de todo nayarita— también serán endurecidas, así como la consideración de agravante a la utilización de medios de comunicación social masiva en la comisión de delitos contra el honor. ¿Cuáles? La difamación, la calumnia y la injuria.

Según consta en la exposición de motivos de la reforma propuesta por Sandoval Castañeda, en el debate nacional sobre estos temas, Nayarit debía tomar postura. Y decidió plegarse a Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México Nuevo León, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, donde estas conductas no están proscritas.

La adecuación a la legislación nayarita —enfatiza— era necesaria, “debido a la impresionante expansión, prontitud, alcance y facilidad con la que se puede cometer este delito y la trascendencia del agravio que causa cuando se utilizan las redes sociales y los medios de comunicación masiva”.

“Uno de los casos más emblemáticos que se está frecuentando es la utilización de imágenes o videos captados en el momento en que una pareja tiene relaciones sexuales (…) pero que posteriormente en su separación uno de ellos lo hace público para dañar la imagen del otro”, ejemplifica.

El artículo 299 del Código Penal nayarita impondría de uno a cuatro años de prisión a los responsables de los delitos de calumnia e injurias, si se cometen utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva o en reunión pública.

La reforma a los códigos penales nayaritas estaría en línea con la oleada de nuevas regulaciones que deberán definirse en el Congreso de la Unión sobre propaganda gubernamental y derecho de réplica; uno de los capítulos pendiente de la reforma político-electoral producto del Pacto por México.

De acuerdo con el último borrador consultado, por ley quedaría instaurado un “procedimiento expedito” para ejercer el derecho de réplica en cualquier medio de comunicación que haya difundido la información impugnada por la persona agraviada.

Los medios de comunicación deberán contar en todo momento con un defensor de los derechos de los lectores o de la audiencia, responsable de recibir y resolver las solicitudes de réplica que les sean presentadas. El periodo para presentar la queja, la valoración sobre su pertinencia, así como la forma y los plazos de la respuesta, será competencia de un ombudsman.

La propuesta incorpora el derecho de réplica de los partidos políticos, los precandidatos y candidatos a cargo de elección popular e instrumenta un proceso jurisdiccional federal, expedito y de una sola instancia, en caso de que el medio de comunicación no cumpla con lo estipulado en el nuevo ordenamiento, y establece las sanciones económicas “claras y adecuadas” aplicables al incumplimiento.

EFECTOS SECUNDARIOS

DOBLECES. En tiempos de austeridad, cualquier extravagancia puede adquirir dimensiones lamentables. Dos ejemplos recientes: el grupo de senadores panistas —encabezado por el líder del Senado, Roberto Gil Zuarth—, quienes acompañados por sus esposas viajaron en un jet Grumman a La Paz para acudir a la toma de protesta del gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. Tras de la unción de Alejandro Moreno como gobernador de Campeche, otro charter partió rumbo a Tuxtla Gutiérrez con un anfitrión generoso: Manuel Velasco Coello, quien no está dispuesto a perder espacio en la carrera hacia el 2018.

¿VETADO? Crecen las voces dentro del PRD que se oponen al acuerdo cupular que permitiría la unción de Agustín Basave a la dirigencia nacional del sol azteca. Y más allá, también existen resistencias y suspicacias sobre el ideólogo socialdemócrata. Concretamente, el primer círculo del Ejecutivo federal, donde ubican al ahora diputado federal como uno de los ideólogos del movimiento #YoSoy132, que tantas incomodidades causó al gobierno peñista.

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